El exmandatario, junto a su hija Keiko Fujimori, había anunciado su intención de retornar a la vida política como candidato presidencial en el 2026 pocos meses atrás, pese a estar impedido de hacerlo.

El exdictador Alberto Fujimori falleció a los 86 años de edad  este miércoles 11 de septiembre. Más temprano, se informó sobre un recrudecimiento en su estado de salud producto de la larga lucha contra el cáncer y demás afecciones producto de su avanzada edad. Días antes fue visto en una clínica de la capital para realizarse exámenes de rutina. Al parecer, su estado de salud se habría deteriorado rápidamente en las últimas horas.

Horas antes, se apreció la salida de un sacerdote de la casa de su hija Keiko Fujimori, ubicada en el distrito de San Borja, en donde se encontraba el exdictador. También se apreció la visita de personajes vinculados a Fuerza Popular, familiares y congresistas fujimoristas en actividad.

El delicado estado de salud de Fujimori Fujimori fue confirmado por el vocero del partido Fuerza Popular, Miguel Torres: “Está delicado. Está pasando por un momento difícil, pero estamos seguros que lo va a poder superar. Oremos por él”, dijo poco antes de retirarse de la vivienda.

Sumado a su avanzada edad, se conocía que a sus 86 años padecía de enfermedades como cáncer a la lengua, hipertensión crónica, gastritis, lumbalgia crónica, artrosis lumbar y recientemente sufrió una fractura de cadera.

El último jueves 5 de setiembre, Alberto Fujimori fue nuevamente visto saliendo de una clínica en el distrito de Miraflores. El exmandatario estaba en compañía de su hija Keiko Fujimori y salía de realizarse exámenes médicos debido al cáncer de lengua que padecía y se encontraría a la espera de los resultados.

En esa oportunidad se encontraba en compañía de su hijo Kenji y cuando fue cuestionado a qué se debía el motivo de su visita, el expresidente respondió: «Fue para hacerme una tomografía y ver la evolución de mi mal (cáncer a la lengua)». Asimismo, dijo «vamos a ver», al consultarle sobre su candidatura para el 2026, la cual queda en un panorama incierto por su estado de su salud.

La millonaria deuda de Alberto Fujimori por reparación civil

A mediados de año, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció que su padre, Alberto Fujimori, sería candidato a la Presidencia de la República en las Elecciones del 2026, a pesar de que legalmente se encontraba impedido para hacerlo. La normativa establece que una persona que fue condenada y no cumplió con el pago de la reparación civil no podía postular a un cargo de elección popular.

“Mi padre y yo hemos conversado y decidido juntos que él será el candidato presidencial”, publicó Keiko a través de X, cuando anunció la candidatura de su padre.

Alberto Fujimori falleció con una deuda por reparación civil impuesta que alcanza aproximadamente los S/57 millones por tres casos en los que fue sentenciado por el Poder Judicial. No cumplió con el pago del mismo, según informó la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción en diciembre de 2023.

En su momento, la entidad precisó que esta millonaria deuda incluye los intereses generados con los años por el no pago de la reparación civil en favor del Estado. Esta suma no pudo ser cobrada mediante la incautación de su pensión vitalicia, ya que él desistió de cobrar una pensión del Congreso en su condición de expresidente y no registraba ningún bien o propiedad a su nombre podía ser embargada.

Finalmente, Alberto Fujimori solicitó al Congreso de la República que se restablezca el pago de la pensión vitalicia que le corresponde por ser exmandatario, la remuneración de una asistente personal y vales de combustible, decisión que fue aceptada recientemente.

El presidente del Consejo de ministros, Gustavo Adrianzén, y el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, sustentaron ante el Congreso los proyectos de Ley (PL) de Presupuesto, Equilibrio Financiero y Endeudamiento del Sector Público 2025.

En ese contexto, Arista dijo que el PL de Presupuesto Fiscal 2025 es descentralizado porque los Gobiernos Regionales y Locales tendrán el 58% del monto destinado para gasto de capital, es decir, para que inviertan en la ejecución de proyectos de infraestructura.

Detalles. Refirió que en el Presupuesto 2025, los Gobierno Regionales recibirán S/1,706 millones más (+3.2% frente al 2024). Es decir, en total dispondrán de S/54,452 millones. Para el gasto de capital tendrán un incremento de 8.7% (S/1,243 millones).

A los Gobiernos Locales se les está asignando S/2,776 millones (+8% respecto del 2024), con lo que tendrán un total de S/37,518 millones. Para gasto de capital dispondrán de S/18,506 millones, que es mayor en 24.2% (S/3,611 millones) que el 2024.

Es decir, entre ambos tipos de gobiernos sumarán el 58% del total de gasto de capital del Presupuesto 2025.

Ejecución. Un reporte de ComexPerú señala que en 2023, los Gobiernos Locales lograron una inversión total de S/18,059 millones, un 10.7% menos que en 2022, con un avance de 64%.

Nuevamente, Áncash apareció como el departamento con la peor ejecución de parte de sus municipalidades. Moquegua registró el mayor avance con el 79.5%.

Mientras que los Gobiernos Regionales ejecutaron S/10,963 millones en proyectos de inversión, 19.9% más que el 2022 y un avance del 79% de todo su presupuesto.

Las regiones de Lambayeque y La Libertad registraron las más baja ejecución de presupuesto en el saneamiento en el 2023 (27 y 33%, respectivamente).

Con la tercera parte de ese dinero, se construirían 1,600 colegios o medio centenar de hospitales. En el último año, se perdieron S/ 24 000 millones por corrupción, según datos de Contraloría.

Desde el 2021 al 2023, la corrupción ha generado al Perú pérdidas económicas   de hasta S/ 72,000 millones, según datos de la Contraloría General de la República, informó el presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Roberto De La Torre.

El ejecutivo del gremio detalló que solo en el último año, se perdieron S/ 24,000 millones, con los que se hubiera podido financiar la construcción de 50 hospitales, 1,600 modernos colegios o la creación de más de un millón de puestos de trabajo.

“Cuando los recursos del Estado se desvían a través de prácticas corruptas, el peor impacto lo reciben las poblaciones más vulnerables, puesto que se limita la inversión en infraestructura, salud, educación y otros sectores esenciales para el desarrollo”, expresó.

Según el último Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de 2023, elaborado por Transparencia Internacional, el Perú cayó del puesto 101 al 121 desde el 2012, ubicándose en el tercio inferior de países más corruptos del mundo, compartiendo posiciones con Angola, Mongolia y Uzbekistán.

“Un país percibido como corrupto reduce significativamente la entrada de capital extranjero y aumenta los riesgos para los inversionistas”, agregó.

Programa de jóvenes para ser funcionarios públicos

Frente a ese escenario, De La Torre destacó la iniciativa “Semillero para futuros funcionarios y servidores públicos” de la Cámara de Comercio de Lima, cuyo objetivo es despertar en los jóvenes el interés de trabajar en el aparato estatal con el fin de mejorar los estándares del servicio para la ciudadanía.

La CCL ha logrado convocar a más de 450 universitarios con alto rendimiento académico y que formarán parte de un selecto grupo de 60 integrantes.

De La Torre señaló que el II Semillero representa para el gremio empresarial un aporte importante para contribuir a la lucha contra la corrupción, mal que genera retraso en la economía del país, desalienta la inversión, incrementa la pobreza y perjudica a las instituciones.

Por su parte, el presidente la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL, Hernán Lanzara, destacó que el II Semillero los jóvenes  no solo aprenderán a ser mejores servidores públicos; sino también a ser “guardianes de la integridad y la justicia, para construir un futuro más equitativo y transparente”,

“En este espacio fortaleceremos los valores, la ética y el sentido de responsabilidad; forjaremos un compromiso inquebrantable con la transparencia y adquirirán una profunda conciencia en la toma de decisiones, pues como futuros funcionarios, tendrán un impacto directo en la vida de millones de personas”, manifestó.

Lanzara enfatizó que los jóvenes admitidos son la generación que puede redefinir lo que significa ser un funcionario público.