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Caso Cócteles: Piden 30 años de cárcel para Keiko Fujimori, Vicente Silva y Pier Figari

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Durante la audiencia de juicio oral en el caso Cócteles, el fiscal José Domingo Pérez solicitó al colegiado imponer una pena de 30 años de cárcel y 10 meses para la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, así como para Vicente Silva Checa y Pier Figari Mendoza.

“En total la pena concreta solicitada para la acusada Keiko Sofía Fujimori es de 30 años 10 meses de pena privativa de libertad, 730 días multa e inhabilitación de 15 años y cinco meses”, indicó el fiscal.

Solicitó también la misma condena para Ana Hertz, Jaime Yoshiyama Tanaka, José Chlímper Ackerman y Adriana Tarazona Martínez, dirigentes y asesores de Fuerza Popular, por los delitos de organización criminal, lavado de activos agravado, obstrucción a la justicia agravado y falsa declaración en procedimiento administrativo.

En esta audiencia el fiscal presentó además la acusación contra Augusto Bedoya Cámere; Mark Vito, ex esposo de Keiko Fujimori; Carmela Paucará; Rafael Herrera Mariños; Erika Yoshiyama Koga;, Antonietta Gutierrez Rosati y Ana Cecilia Matzuno.

En la próxima audiencia, que se realizará mañana a partir de las 9:00 horas en forma virtual, para que le fiscal concluya con la acusación y para la intervención de los procuradores.

En tanto, la Sala indicó que la audiencia del 15 de julio será presencial,para la participación de los abogados defensores, quienes deberán asistir acompañados de sus patrocinados.

Al inicio de la sesión, en la que no participó Keiko Fujimori ni los otros 45 acusados, el colegiado del Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional levanta la condición de reos contumaces de Luis Brussy Barboza Dávila, Carlos Luna Frisancho e Ytalo Pachas Quiñones, quienes participaran de la audiencia de manera virtual.

Asimismo, el fiscal Pérez pidió a la Sala sancionar a la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, y el abogado de Jaime Yoshiyama, Humberto Abanto, por gestos de burla durante la audiencia anterior, hecho que fue rechazado por Loza.

 

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Conectividad aérea: ¡Sí se puede!

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Opinión que aparece en la edición de hoy del Perú 21

Jessica Luna

El lunes 1 de julio fue el vuelo inaugural de Lima a Anta, provincia de Carhuaz en Áncash. La conectividad aérea traerá desarrollo e impulsará el turismo. Y es un ejemplo de que se pueden lograr grandes cosas si es que sectores público y privado trabajan de manera articulada.

El Aeropuerto de Anta está concesionado a Aeropuertos del Perú (AdP) y, para recibir vuelos comerciales, requería obras en pista y en terminal.

Por años, AdP y Latam Perú habían tenido conversaciones para ello. El compromiso del sector privado estaba, pero la tramitología hacía poco realista ejecutarla. El esquema más eficiente era el de mantenimiento periódico (el del aeropuerto Talara). Si no, la obra habría demorado años.

En febrero de 2023, en un evento en Huaraz se convocaron a los actores clave para impulsar el proyecto. Viajamos más de ocho horas por una carretera llena de “cráteres”. Eran tiempos difíciles, aún había protestas contra el Gobierno y nuevas autoridades regionales y locales asumían funciones.

Por el Estado participaron el MEF, Mincetur (el ministro y la viceministra de Turismo viajaron a Huaraz), MTC y un actor crucial, el nuevo gobernador de Áncash, el Sr. Koki Noriega. Por el lado privado participaron los CEO de AdP, Latam Perú, Casa Andina, así como la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Áncash (CCITA), ComexPerú y Antamina. Este último tuvo un rol fundamental en el impulso al proyecto.

Ahí todo cambió. Se asumió el compromiso de hacer realidad en un año el sueño de la conectividad aérea para Áncash. Un seguimiento permanente y coordinación casi diaria entre el sector público y privado para cumplir con un cronograma que parecía imposible. El liderazgo de la Mesa Ejecutiva de Turismo liderada por el MEF y Mincetur fue crucial para articular a las diferentes instancias del Estado. A ello se suma la determinación del gobernador de Áncash, Koki Noriega.

Se cumplió el cronograma. En febrero de 2024 se inauguraron las obras del aeropuerto y hoy este sueño ya es una realidad con el vuelo.

La tarea que sigue es promocionar el destino, mejorar la calidad de servicios turísticos y concesionar las redes viales de la región. Hay recursos y, con el liderazgo del gobernador y el apoyo del sector privado, seguro se logrará.

Impulsar la conectividad aérea con cada región del Perú debe ser una prioridad. El Gobierno debe impulsar la concesión del tercer grupo de aeropuertos regionales y destrabar las inversiones de modernización de aeropuertos ya concesionados. ¡Sí se puede!

 

 

 

 

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Caso Cocteles: testigo entregó pruebas de los US$7.1 millones que le dio a lideresa de Fuerza Popular

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Fueron 63 entregas entre 2010 y 2016, en billetes de US$100, en paquetes de US$200.000, US$150.000 y US$100.000. Los exesposos Keiko Fujimori y Mark Villanella nunca declararon los US$210.000 que retiraron personalmente de la empresa Sudamericana de Fibras. Supuestamente, el dinero era para financiar las campañas de la excandidata presidencial, pero se desconoce el destino final. 

Los excónyuges Keiko Fujimori y Mark Vito Villanella expresaron durante la presentación del caso Cócteles que los peritajes contables aplicados a su patrimonio demuestran que no existe desbalance patrimonial, por lo que no cometieron el delito de lavado de activos. El empresario Enrique Gubbins Bovet proporcionó abundante información documental a la fiscalía que contradice la versión de los exesposos.

Como resultado de un acuerdo secreto entre el empresario Juan Rassmuss Echecopar, en el que también tuvo participación su sobrino Enrique Gubbins Bovet, ambos hicieron 63 entregas de dinero directamente a Keiko Fujimori, su exesposo Mark Vito o a personas de su entorno designadas por ella misma, por un total de US$7.110.000, en el periodo comprendido entre 2010 y 2016.

De ese total, 21 entregas fueron de US$50.000; 15 de US$150.000; 13 de US$200.000; 4 de US$80.000; 3 de US$100.000; 3 de US$60.000; 2 de US$65.000; y 2 de US$40.000.

De acuerdo con la información suministrada por Gubbins, en todos los casos proporcionó el dinero en efectivo y en billetes de US$100.

Billete por billete

Todos los fujimoristas que llegaron hasta las oficinas de la empresa Sudamericana de Fibras (SDF), en la avenida Néstor Gambetta 6815, Callao, para retirar los paquetes con el efectivo, fueron registrados por el personal de confianza de Juan Rassmuss y su sobrino Enrique Gubbins. Entre ellos aparece la propia Keiko Fujimori, quien el 20 de febrero de 2013 llegó acompañada de su exjefe de campaña Jaime Yoshiyama Tanaka. Se llevó US$50.000. Y el 10 y el 12 de diciembre de 2015 le tocó el turno a Mark Vito Villanella, quien en cada oportunidad retiró US$80.000.

Keiko Fujimori y Mark Villanella nunca declararon como patrimonio los US$210.000 que recibieron de Juan Rassmuss y su sobrino Enrique Gubbins, por lo que ningún peritaje pudo haber detectado ni el origen ni el destino de ese monto que corresponde a los US$7.110.000 que en total recibió Keiko Fujimori supuestamente para financiar sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.

Según la tesis fiscal, estas figuras han utilizado su influencia en el gobierno para promulgar leyes que benefician directamente a Perú Libre, impidiendo o complicando las investigaciones en su contra. Estas leyes incluyen proyectos que buscan reconocer a los partidos políticos como asociaciones de interés público, lo que dificultaría que sean investigados como organizaciones criminales.

 

 

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Fiscalía recomienda abrir investigación contra presidenta por promulgar ley que beneficia a Perú Libre

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La Primera Fiscalía de Lavado de Activos busca que se le acuse constitucionalmente a Dina Boluarte y al congresista Waldemar Cerrón por el presunto delito de obstrucción a la justicia.

La Fiscalía de la Nación evalúa denunciar constitucionalmente a Dina Boluarte y al congresista Waldemar Cerrón por presuntamente impulsar proyectos de ley que habrían beneficiado a integrantes de Perú Libre. El informe fue presentado por el fiscal Ángel Astocondor de la Primera Fiscalía de Lavado de Activos, según reveló Cuarto Poder.

La investigación sobre este caso inició en el 2021. En ella se indaga al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, su hermano Waldemar Cerrón, la ex tesorera del partido Dina Boluarte y otros ex altos dirigentes en lo que sería «la organización criminal Perú Libre», según dicta el manuscrito.

Es asó que el informe, que llegó al despacho del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, detalla acusaciones de lavado de activos e influencia indebida en la promulgación de leyes, que apuntan a una red transversal que conecta el Ejecutivo con el Congreso. Además, se identificó acciones que podrían haber obstaculizado investigaciones contra miembros del partido Perú Libre.

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