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Gobierno implementa acciones en seis regiones, entre ellas Ancash, para ejecutar Plan de Agricultura Familiar

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Los resultados y/o lecciones aprendidas que se obtengan en estos territorios de intervención servirá como evidencia y experiencia para la formulación de la Política Nacional de Agricultura Familiar.

Como parte de las acciones estratégicas y operativas que forman parte del Plan Nacional de Agricultura Familiar (Planaf), el Gobierno mediante el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), y a través de su programa Agro rural, viene implementando en 09 territorios pilotos, de 06 departamentos, actividades de concientización a favor del pequeño agricultor familiar.

Se trata de talleres dirigidos a las autoridades locales a fin de identificar las necesidades y potencialidades de la pequeña agricultura, para posteriormente elaborar importantes informes que contribuirán en la formulación de la Política Nacional de Agricultura Familiar.]

El director ejecutivo de Agro rural, Víctor Baca Ramos, manifestó que estos informes serán documentos clave para concretar una intervención multisectorial efectiva a favor de cada una de las familias favorecidas.

“Por esa razón, los resultados y/o lecciones aprendidas que se obtengan en estos territorios servirán como evidencia y experiencia para la formulación de la Política Nacional de Agricultura Familiar, una vez que sea aprobada por las entidades públicas y privadas que conforman la Comisión Multisectorial de Promoción y Desarrollo de Agricultura Familiar”, sostuvo.

Los actores que integran la Comisión Multisectorial de Promoción y Desarrollo de Agricultura Familiar está compuesta por 14 ministerios, 6 dependencias públicas, 8 organizaciones de la sociedad civil y 4 organismos de cooperación internacional.

Agro rural y los diferentes sectores involucrados vienen realizando estas actividades de concienciación en las provincias de Bolognesi y Huari (Áncash), Huanta (Ayacucho), Angaraes y Tayacaja (Huancavelica), Ayabaca y Morropón (Piura), Carabaya (Puno) y Coronel Portillo (Ucayali).

Hasta el momento, en lo que va del año 2024 se han desarrollado un total de nueve talleres de sensibilización, uno en cada territorio piloto, con el objetivo de comprometer a las autoridades departamentales, provinciales y distritales en la elaboración de estos informes territoriales de agricultura familiar.

 

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Perú

Solo el 4% de la población aprueba el trabajo del Congreso, según el IEP

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La encuesta también evidencia que la ciudadanía considera que los congresistas son quienes ejercen más poder en el país.

La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) evidenció que la aprobación del Congreso de la República sigue bajando y ha alcanzado el 4% a nivel nacional en julio del 2024.

Esto representa una disminución del 2% respecto a junio del 2023, mes en el que alcanzó el 6% de la popularidad y anteriormente, había llegado al 7% (abril 2023) y 9% (2023%). El Parlamento había iniciado su periodo con una popularidad de 31%.

En la otra orilla, la desaprobación del autodenominado primer poder del Estado llegó a 94% en julio, lo que representa un aumento respecto a los meses anteriores. En ese sentido, es necesario indicar que la desaprobación del Legislativo al inicio de su periodo fue de 61%.

El IEP también preguntó a los encuestados quiénes tenían más poder en el Perú. Para el 40% el mayor poder lo ejercen los congresistas, mientras que para el 22%, la presidenta Dina Boluarte es quien tiene el mayor poder en el país. Siguen los empresarios (20%), los jueces y fiscales (10%) y las fuerzas del orden (3%).

 

 

 

 

 

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Mafias ingresaron al menos a 720 mil venezolanos en condición ilegal al Perú

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‘Coyotes’ y tramitadores hacen negocio con migrantes irregulares con figura de solicitud de refugio. Cancillería recibió 600 mil pedidos por este status.

 

Migraciones, actualmente, tiene registrado el ingreso formal de alrededor de 870 mil venezolanos. Sin embargo, se calcula que un promedio de 1’500,000 extranjeros de dicho país vive en territorio nacional.

En los últimos años, al menos 720,000 ciudadanos venezolanos ingresaron de forma ilegal al Perú, por intermedio de bandas y organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de migrantes en las zonas fronterizas de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y Tacna, según estimó el exsuperintendente nacional de Migraciones, Jorge Fernández, tras advertir que el Gobierno no tiene una política para identificar y registrar los datos personales —huella digital, rostro y nombres— de estos foráneos.

La reciente resolución que exige visa y pasaporte vigente para el acceso a territorio peruano de personas venezolanas en situación de vulnerabilidad acrecentaría el problema.

Migraciones, actualmente, tiene registrado el ingreso formal de alrededor de 870 mil venezolanos. Sin embargo, se calcula que un promedio de 1′500,000 extranjeros de dicho país viven en territorio nacional.

“Considero, por la experiencia, que estamos hablando de más de 1 millón 500 mil, tal vez 1 millón 800 mil (de venezolanos en Perú). Tenemos que ver dos cosas. Uno: no todas las personas que ingresan de manera irregular al Perú tienen el conocimiento para solicitar un refugio a Cancillería; esto hace que caigan en mafias que les cobran 100, 200 o 300 soles por tramitarlo y al no tener ese dinero ni siquiera presentan ese documento. Dos: hay un grupo, que, dice la Policía, bordea entre 5 mil y 10 mil, que se dedica a actividades ilícitas y la gran mayoría no tiene ni quiere tener ningún tipo de registro”, explicó Fernández.

Nela Herrera, presidenta de la Organización de Colaboradores para la Asistencia Social de Inmigrantes Venezolanos (Ocasiven), estimó que 1 millón 400 mil connacionales han ingresado al Perú, por lo que, advierte, hay una población que está fuera del control de Migraciones.

Partiendo de esta realidad, tanto Fernández como Herrera consideran que la exigencia de visa y pasaporte vigente para el ingreso de ciudadanos venezolanos en condición vulnerable —menores de edad, mujeres gestantes, adultos mayores y enfermos— llevará al incremento de la migración ilegal.

VISA HUMANITARIA

Los ingresos irregulares, subraya el exsuperintendente, están alentados por el “incentivo perverso” de lograr la condición de refugiados, status que entrega Cancillería a un reducido número de extranjeros en situación de riesgo inminente en sus países de origen; pero, mientras no emita su resolución, los foráneos acceden a una calidad migratoria humanitaria expedida por Migraciones y que se renueva cada seis meses.

“¿Quiénes ganan? Las mafias de tráfico de migrantes que hacen cruzar las fronteras y las mafias que hacen estos trámites en Cancillería cuando es solicitud de refugio y en Migraciones para la obtención de la calidad migratoria humanitaria. Estamos hablando de todo un mercado negro de trámites. Eso es lo que se tiene que acabar y eso es lo que no se ve”, aseveró el exsuperintendente.

Nancy Arellano, directora de Proyectos de Integración en Cedro y fundadora de Veneactiva, indicó que, actualmente, Cancillería ha recibido 600 mil solicitudes de venezolanos que buscan acceder a la condición de refugiados.

“El tiempo ha demostrado que el conducto ideal para garantizar la protección internacional de personas venezolanas, o de cualquier otra nacionalidad, debe ser a través del sistema de refugio. En este momento, la Comisión Especial para los Refugiados (CEPR) de Cancillería tiene habilitado un periodo para actualización de datos, que culmina el 15 de julio, para que 600 mil expedientes de evaluación sigan su curso”, manifestó.

MAFIA DE ‘LOS COYOTES’

De enero a junio de este año, 500 extranjeros —la mayoría venezolanos, los demás colombianos, ecuatorianos y africanos— que ingresaron al país en condición ilegal fueron expulsados por Tumbes. A partir del 2 de julio, fecha en que comenzó la exigencia de visa y pasaporte vigente, las autoridades expulsaron a 23 foráneos —20 de nacionalidad venezolana—, informó a este medio el general PNP Manuel Gonzales, jefe del Frente Policial de Tumbes.

Asimismo, en todo este tiempo se ha desarticulado a 20 bandas por tráfico ilícito de migrantes, entre ellas Los Lechuceros del Norte, Los Escurridizos y Los Rezagos de los New Kids, y una organización criminal denominada Los Ruteros del Norte, por el mismo delito.

Son 400 policías quienes resguardan, con apoyo de drones y miembros del Ejército del Perú, un total de 131 kilómetros de frontera con Ecuador; la zona más difícil es el distrito de Aguas Verdes, en la provincia de Zarumilla.

Las bandas dedicadas al tráfico ilícito de migrantes, añade el jefe policial, las conforman dos o tres personas, “en algunos casos son coyoteros, que llevan en grupos, paquetes, a los migrantes, los suben a tres, cuatro, vehículos”, y en otros casos “el conductor, copiloto y ayudantes” de los ómnibus.

“Todos ellos están concertando en el tráfico ilícito de migrantes, porque saben que debe verificar la documentación en la agencia, pero no lo hacen y llevan menores de edad, hombres y mujeres, sin familia”, detalla.

Estos sujetos, según el general, cobran a los migrantes hasta 120 dólares, que incluyen la solicitud como refugiado, para llevarlos a Lima.

Los vehículos intervenidos que trasladan a migrantes en condición irregular son de las empresas Civa, Flores, Argos, Fernandita, Vigo (hasta en ocho oportunidades), Fox Bus, Turismo Tacna, entre otros.

¿Qué hacer ante esto? El exsuperintendente de Migraciones indica: “Migraciones debe hacer un proyecto amplio para captar los datos de estas personas, porque todos los peruanos estamos al borde del colapso con la seguridad ciudadana y uno de los grupos al que más se le identifica como fuente de peligro es al de ciudadanos extranjeros. Al recargar de requisitos para el ingreso se está haciendo que la gente ingrese de manera irregular, no deje sus huellas dactilares, su foto y no sabemos cuándo ingresó, cuándo salió y qué hizo en Perú”. Cris Vilchez.

 

 

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Perú

¡Increíble! En un mes, congresistas presentaron proyectos para crear 41 universidades

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Detrás de estas iniciativas populistas están los legisladores que han petardeado la Ley Universitaria y han apoyado la contrarreforma educativa en beneficio propio o de los suyos. Especialistas advierten que se juega con las expectivas de las familias.

El Perú registra actualmente 50 universidades públicas licenciadas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria.

Muchas de estas instituciones superan los 100 años funcionando y buscando la mejor calidad para sus alumnos. Ingresar a una de ellas no es una tarea sencilla.

Sin embargo, pese a esto, en el Congreso ha iniciado una nueva tendencia. No solo les bastó con cambiar la Ley Universitaria y dar beneficios a las universidades no licenciadas, o reconformar el comité directivo del ente rector con personajes cuestionados y con denuncias, ahora también pretenden crear casas de estudios superiores por montones.

Solo entre el mes de junio y hasta el 4 de julio de este año, existían 41 proyectos para crear nuevas universidades en diferentes provincias y distritos del Perú. En total, 13 de estas propuestas ya están en etapa de dictamen, lo que significa que están a un paso de ser debatidas —y posiblemente aprobadas— por el Pleno del Parlamento.

Detrás de todos estos proyectos de ley se encondería un motivo que no busca beneficiar a estudiantes, sino al populismo de ciertos legisladores.

“Esto responde a un interés político de los congresistas y también a un desconocimiento de la población y de las autoridades locales”, aseguró Jorge Mori, director ejecutivo de Cappes (Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior).

Dina Boluarte promulgó esta semana la creación de una nueva universidad.

Esta opinión también es compartida por el fundador de Pirka y también exministro de Educación, Daniel Alfaro, quien asegura que la reforma educativa se ha politizado.

“La moratoria para la creación de universidades públicas tuvo como finalidad concentrar los esfuerzos de inversión en las condiciones básicas de calidad; lamentablemente, luego de su ampliación se abrió la puerta a la voracidad política que, sin tener en cuenta la necesidad de mejorar estas condiciones de calidad, fomentó el inicio de la apertura de nuevas universidades, ya sea declarando de interés o nombrándolas como tal”, dijo a este diario.

LOS AUTORES DE LA CONTRARREFORMA

No es novedad escuchar nombres de ciertos parlamentarios impulsando los mencionados proyectos. Desde los que aprobaron la nueva Ley Universitaria, hasta los que cambiaron al consejo directivo de la Sunedu, son los mismos que ahora quieren crear universidades nacionales por montones.

Uno de ellos es Waldemar Cerrón (Perú Libre), hermano del prófugo Vladimir Cerrón. Justamente su partido ha impulsado al caballazo proyectos de ley para que el ingreso a las universidades sea libre.

También figura Edgar Tello, quien en 2021, tal y como advirtió este diario, presentó un proyecto de ley que proponía “una nueva oportunidad” de licenciatura a las universidades asociativas que no cumplían con los requisitos mínimos exigidos por la Sunedu para seguir funcionando.

Específicamente, buscaba beneficiar a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV), ya que fue la casa de estudios del legislador Tello, de donde egresó en 2019 como abogado.

Otros legisladores que aparecen en las iniciativas para crear universidades públicas a la loca son Kelly Portalatino, Guido Bellido, Lady Camones, Américo Gonza, Ilich López, Alejandro Soto, Flavio Cruz y Elizabeth Taipe.

Algunas propuestas, por ejemplo, son crear la Universidad Nacional de Conchucos, en Áncash; la Universidad Nacional de La Mar (Ayacucho), Universidad Nacional de Pataz (La Libertad), Universidad Nacional Tecnológica de Ancón (Lima) y la Universidad Nacional Autónoma de Huanta (Ayacucho).

“Estos proyectos no deberían ser aprobados, a la fecha ya hay seis universidades públicas creadas. A los congresistas hay que pedirles que no sigan haciendo esto porque es jugar con la expectativa de los jóvenes y nadie tiene derecho a jugar con las expectativas de un padre de familia o de un joven que quiere resolver su problema de educación universitaria”, argumentó Jorge Mori.

MÁS CARO QUE BENEFICIOSO

“El costo por estudiante en estas universidades distritales o locales que se están creando puede llegar a ser hasta tres veces más que el costo de estudiante de una universidad pública regional”, explicó Mori a este diario.

Y es que, según de Cappes, el costo por alumno puede llegar a S/36 mil anuales. Si se inscribiera un alumno por cada universidad a crear, en este caso 41, se gastarían S/1′476,000 por año. Esto no sería lo peor.

Cada institución nueva, de acuerdo a Cappes, demoraría aún siete años en iniciar operaciones, considerando la construcción del campus y establecer las normas internas.

Además, ese tiempo tendría que pasar para que puedan admitir nuevos estudiantes. Y es que otras casas universitarias recién creadas no lograron cubrir ni el 10% de las plazas. En otras palabras, el nivel de acceso no incrementó.

“Estas universidades públicas distritales o locales que están creando no superan los dos mil alumnos. Eso también es importante señalar porque al no superar esa cifra obviamente que son universidades muy pequeñas que no logran escalar y que muchas veces tienen dificultad para traer investigadores o docentes”, manifestó el representante de Cappes.

UNA LUZ EN EL PROBLEMA

El exministro Alfaro refirió que si los legisladores quieren que más jóvenes desarrollen sus capacidades después de la etapa escolar, una solución sería priorizar los institutos porque generan condiciones de empleabilidad en las personas durante un menor tiempo y tienen mayor demanda en el mercado laboral.

 

En segundo lugar, explicó Alfaro, si fuese necesario incrementar la oferta universitaria, “sería más efectivo hacerlo a través de filiales de las universidades existentes en vez de crear nuevas universidades”.

Mori se sumó a esa propuesta y señaló que el Estado debería promover la oferta de becas y créditos.

“En realidad crear estas universidades públicas distritales o locales es un grave error y es jugar con la expectativa de los jóvenes. Tenemos que ser muy responsables porque, de lo contrario, seguimos jugando con los proyectos de vida de miles de jóvenes que tienen el derecho de acceder a una educación universitaria”, refirió.

El gobierno, por su parte, le hace el juego a estos congresistas. Esta semana, la presidenta Dina Boluarte celebró por todo lo alto la promulgación de la ley que crea la Universidad Nacional Fronteriza Autónoma de Yunguyo (Puno). El populismo en su máxima expresión.

TENGA EN CUENTA

-Se han aprobado las leyes de creación de seis universidades públicas provinciales: La Universidad Nacional de Carabaya (Puno), la Universidad Nacional Autónoma de Cutervo (Cajamarca) y la Universidad Nacional Tecnológica de Frontera San Ignacio de Loyola (Cajamarca).

-También la Universidad Nacional Tecnológica de Chincha (Ica), la Universidad Nacional Perla del Vilcanota (Cusco) y la Universidad Nacional del Vraem (Cusco).

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