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Fiscalía recomienda abrir investigación contra presidenta por promulgar ley que beneficia a Perú Libre

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La Primera Fiscalía de Lavado de Activos busca que se le acuse constitucionalmente a Dina Boluarte y al congresista Waldemar Cerrón por el presunto delito de obstrucción a la justicia.

La Fiscalía de la Nación evalúa denunciar constitucionalmente a Dina Boluarte y al congresista Waldemar Cerrón por presuntamente impulsar proyectos de ley que habrían beneficiado a integrantes de Perú Libre. El informe fue presentado por el fiscal Ángel Astocondor de la Primera Fiscalía de Lavado de Activos, según reveló Cuarto Poder.

La investigación sobre este caso inició en el 2021. En ella se indaga al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, su hermano Waldemar Cerrón, la ex tesorera del partido Dina Boluarte y otros ex altos dirigentes en lo que sería «la organización criminal Perú Libre», según dicta el manuscrito.

Es asó que el informe, que llegó al despacho del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, detalla acusaciones de lavado de activos e influencia indebida en la promulgación de leyes, que apuntan a una red transversal que conecta el Ejecutivo con el Congreso. Además, se identificó acciones que podrían haber obstaculizado investigaciones contra miembros del partido Perú Libre.

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Perú

Gobierno implementa acciones en seis regiones, entre ellas Ancash, para ejecutar Plan de Agricultura Familiar

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Los resultados y/o lecciones aprendidas que se obtengan en estos territorios de intervención servirá como evidencia y experiencia para la formulación de la Política Nacional de Agricultura Familiar.

Como parte de las acciones estratégicas y operativas que forman parte del Plan Nacional de Agricultura Familiar (Planaf), el Gobierno mediante el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), y a través de su programa Agro rural, viene implementando en 09 territorios pilotos, de 06 departamentos, actividades de concientización a favor del pequeño agricultor familiar.

Se trata de talleres dirigidos a las autoridades locales a fin de identificar las necesidades y potencialidades de la pequeña agricultura, para posteriormente elaborar importantes informes que contribuirán en la formulación de la Política Nacional de Agricultura Familiar.]

El director ejecutivo de Agro rural, Víctor Baca Ramos, manifestó que estos informes serán documentos clave para concretar una intervención multisectorial efectiva a favor de cada una de las familias favorecidas.

“Por esa razón, los resultados y/o lecciones aprendidas que se obtengan en estos territorios servirán como evidencia y experiencia para la formulación de la Política Nacional de Agricultura Familiar, una vez que sea aprobada por las entidades públicas y privadas que conforman la Comisión Multisectorial de Promoción y Desarrollo de Agricultura Familiar”, sostuvo.

Los actores que integran la Comisión Multisectorial de Promoción y Desarrollo de Agricultura Familiar está compuesta por 14 ministerios, 6 dependencias públicas, 8 organizaciones de la sociedad civil y 4 organismos de cooperación internacional.

Agro rural y los diferentes sectores involucrados vienen realizando estas actividades de concienciación en las provincias de Bolognesi y Huari (Áncash), Huanta (Ayacucho), Angaraes y Tayacaja (Huancavelica), Ayabaca y Morropón (Piura), Carabaya (Puno) y Coronel Portillo (Ucayali).

Hasta el momento, en lo que va del año 2024 se han desarrollado un total de nueve talleres de sensibilización, uno en cada territorio piloto, con el objetivo de comprometer a las autoridades departamentales, provinciales y distritales en la elaboración de estos informes territoriales de agricultura familiar.

 

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Perú

Solo el 4% de la población aprueba el trabajo del Congreso, según el IEP

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La encuesta también evidencia que la ciudadanía considera que los congresistas son quienes ejercen más poder en el país.

La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) evidenció que la aprobación del Congreso de la República sigue bajando y ha alcanzado el 4% a nivel nacional en julio del 2024.

Esto representa una disminución del 2% respecto a junio del 2023, mes en el que alcanzó el 6% de la popularidad y anteriormente, había llegado al 7% (abril 2023) y 9% (2023%). El Parlamento había iniciado su periodo con una popularidad de 31%.

En la otra orilla, la desaprobación del autodenominado primer poder del Estado llegó a 94% en julio, lo que representa un aumento respecto a los meses anteriores. En ese sentido, es necesario indicar que la desaprobación del Legislativo al inicio de su periodo fue de 61%.

El IEP también preguntó a los encuestados quiénes tenían más poder en el Perú. Para el 40% el mayor poder lo ejercen los congresistas, mientras que para el 22%, la presidenta Dina Boluarte es quien tiene el mayor poder en el país. Siguen los empresarios (20%), los jueces y fiscales (10%) y las fuerzas del orden (3%).

 

 

 

 

 

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Perú

Mafias ingresaron al menos a 720 mil venezolanos en condición ilegal al Perú

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‘Coyotes’ y tramitadores hacen negocio con migrantes irregulares con figura de solicitud de refugio. Cancillería recibió 600 mil pedidos por este status.

 

Migraciones, actualmente, tiene registrado el ingreso formal de alrededor de 870 mil venezolanos. Sin embargo, se calcula que un promedio de 1’500,000 extranjeros de dicho país vive en territorio nacional.

En los últimos años, al menos 720,000 ciudadanos venezolanos ingresaron de forma ilegal al Perú, por intermedio de bandas y organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de migrantes en las zonas fronterizas de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y Tacna, según estimó el exsuperintendente nacional de Migraciones, Jorge Fernández, tras advertir que el Gobierno no tiene una política para identificar y registrar los datos personales —huella digital, rostro y nombres— de estos foráneos.

La reciente resolución que exige visa y pasaporte vigente para el acceso a territorio peruano de personas venezolanas en situación de vulnerabilidad acrecentaría el problema.

Migraciones, actualmente, tiene registrado el ingreso formal de alrededor de 870 mil venezolanos. Sin embargo, se calcula que un promedio de 1′500,000 extranjeros de dicho país viven en territorio nacional.

“Considero, por la experiencia, que estamos hablando de más de 1 millón 500 mil, tal vez 1 millón 800 mil (de venezolanos en Perú). Tenemos que ver dos cosas. Uno: no todas las personas que ingresan de manera irregular al Perú tienen el conocimiento para solicitar un refugio a Cancillería; esto hace que caigan en mafias que les cobran 100, 200 o 300 soles por tramitarlo y al no tener ese dinero ni siquiera presentan ese documento. Dos: hay un grupo, que, dice la Policía, bordea entre 5 mil y 10 mil, que se dedica a actividades ilícitas y la gran mayoría no tiene ni quiere tener ningún tipo de registro”, explicó Fernández.

Nela Herrera, presidenta de la Organización de Colaboradores para la Asistencia Social de Inmigrantes Venezolanos (Ocasiven), estimó que 1 millón 400 mil connacionales han ingresado al Perú, por lo que, advierte, hay una población que está fuera del control de Migraciones.

Partiendo de esta realidad, tanto Fernández como Herrera consideran que la exigencia de visa y pasaporte vigente para el ingreso de ciudadanos venezolanos en condición vulnerable —menores de edad, mujeres gestantes, adultos mayores y enfermos— llevará al incremento de la migración ilegal.

VISA HUMANITARIA

Los ingresos irregulares, subraya el exsuperintendente, están alentados por el “incentivo perverso” de lograr la condición de refugiados, status que entrega Cancillería a un reducido número de extranjeros en situación de riesgo inminente en sus países de origen; pero, mientras no emita su resolución, los foráneos acceden a una calidad migratoria humanitaria expedida por Migraciones y que se renueva cada seis meses.

“¿Quiénes ganan? Las mafias de tráfico de migrantes que hacen cruzar las fronteras y las mafias que hacen estos trámites en Cancillería cuando es solicitud de refugio y en Migraciones para la obtención de la calidad migratoria humanitaria. Estamos hablando de todo un mercado negro de trámites. Eso es lo que se tiene que acabar y eso es lo que no se ve”, aseveró el exsuperintendente.

Nancy Arellano, directora de Proyectos de Integración en Cedro y fundadora de Veneactiva, indicó que, actualmente, Cancillería ha recibido 600 mil solicitudes de venezolanos que buscan acceder a la condición de refugiados.

“El tiempo ha demostrado que el conducto ideal para garantizar la protección internacional de personas venezolanas, o de cualquier otra nacionalidad, debe ser a través del sistema de refugio. En este momento, la Comisión Especial para los Refugiados (CEPR) de Cancillería tiene habilitado un periodo para actualización de datos, que culmina el 15 de julio, para que 600 mil expedientes de evaluación sigan su curso”, manifestó.

MAFIA DE ‘LOS COYOTES’

De enero a junio de este año, 500 extranjeros —la mayoría venezolanos, los demás colombianos, ecuatorianos y africanos— que ingresaron al país en condición ilegal fueron expulsados por Tumbes. A partir del 2 de julio, fecha en que comenzó la exigencia de visa y pasaporte vigente, las autoridades expulsaron a 23 foráneos —20 de nacionalidad venezolana—, informó a este medio el general PNP Manuel Gonzales, jefe del Frente Policial de Tumbes.

Asimismo, en todo este tiempo se ha desarticulado a 20 bandas por tráfico ilícito de migrantes, entre ellas Los Lechuceros del Norte, Los Escurridizos y Los Rezagos de los New Kids, y una organización criminal denominada Los Ruteros del Norte, por el mismo delito.

Son 400 policías quienes resguardan, con apoyo de drones y miembros del Ejército del Perú, un total de 131 kilómetros de frontera con Ecuador; la zona más difícil es el distrito de Aguas Verdes, en la provincia de Zarumilla.

Las bandas dedicadas al tráfico ilícito de migrantes, añade el jefe policial, las conforman dos o tres personas, “en algunos casos son coyoteros, que llevan en grupos, paquetes, a los migrantes, los suben a tres, cuatro, vehículos”, y en otros casos “el conductor, copiloto y ayudantes” de los ómnibus.

“Todos ellos están concertando en el tráfico ilícito de migrantes, porque saben que debe verificar la documentación en la agencia, pero no lo hacen y llevan menores de edad, hombres y mujeres, sin familia”, detalla.

Estos sujetos, según el general, cobran a los migrantes hasta 120 dólares, que incluyen la solicitud como refugiado, para llevarlos a Lima.

Los vehículos intervenidos que trasladan a migrantes en condición irregular son de las empresas Civa, Flores, Argos, Fernandita, Vigo (hasta en ocho oportunidades), Fox Bus, Turismo Tacna, entre otros.

¿Qué hacer ante esto? El exsuperintendente de Migraciones indica: “Migraciones debe hacer un proyecto amplio para captar los datos de estas personas, porque todos los peruanos estamos al borde del colapso con la seguridad ciudadana y uno de los grupos al que más se le identifica como fuente de peligro es al de ciudadanos extranjeros. Al recargar de requisitos para el ingreso se está haciendo que la gente ingrese de manera irregular, no deje sus huellas dactilares, su foto y no sabemos cuándo ingresó, cuándo salió y qué hizo en Perú”. Cris Vilchez.

 

 

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