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Dina Boluarte convoca a legislatura extraordinaria para que el Congreso debata la delegación de facultades

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Dina Boluarte convoca a legislatura extraordinaria para que el Congreso debata la delegación de facultades

La mandataria busca que le den facultades legislativas por 90 días para normar en materia de reactivación económica, desarrollo urbano, política penitenciaria y otros 10 temas.

La presidenta de la República, Dina Boluarte, envió un oficio al presidente del Congreso, Alejandro Soto, para comunicarle que, usando las facultades que le confiere la Constitución Política, convoca a una legislatura extraordinaria para que el Pleno debata y vote la delegación de facultades que pidió el Poder Ejecutivo.

En el documento firmado por la mandataria y por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se especifica que esta legislatura iniciará el lunes 1 de julio a partir de las 10 de la mañana.

El sábado 10 de julio, Soto Reyes clausuró la legislatura con la aprobación en primera votación de la delegación de facultades por 90 días, pero no se pudo exonerar el dictamen de segunda votación debido a que solo se alcanzaron 74 de los 78 votos necesarios.

El gobierno de Dina Boluarte requiere de estas facultades para legislar en 10 temas:

Fortalecimiento, simplificación y calidad regulatoria en materia de inversión pública, privada y público-privada, y gestión de servicios públicos.

Mejora de la calidad de la inversión pública.

Fortalecimiento de la actividad empresarial del Estado.

Reducción de costos de transacción.

Acceso y competencia en servicios financieros.

Equilibrio fiscal.

Tributaria.

Política criminológica y penitenciaria.

Desarrollo urbano, habilitación urbana y de suelos, acceso a viviendas y para la intervención estratégica en el ámbito de influencia del Terminal Portuario de Chancay.

Seguridad y defensa nacional en el ámbito de inteligencia, contrainteligencia y seguridad digital.

 

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Perú

¡Increíble! En un mes, congresistas presentaron proyectos para crear 41 universidades

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Detrás de estas iniciativas populistas están los legisladores que han petardeado la Ley Universitaria y han apoyado la contrarreforma educativa en beneficio propio o de los suyos. Especialistas advierten que se juega con las expectivas de las familias.

El Perú registra actualmente 50 universidades públicas licenciadas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria.

Muchas de estas instituciones superan los 100 años funcionando y buscando la mejor calidad para sus alumnos. Ingresar a una de ellas no es una tarea sencilla.

Sin embargo, pese a esto, en el Congreso ha iniciado una nueva tendencia. No solo les bastó con cambiar la Ley Universitaria y dar beneficios a las universidades no licenciadas, o reconformar el comité directivo del ente rector con personajes cuestionados y con denuncias, ahora también pretenden crear casas de estudios superiores por montones.

Solo entre el mes de junio y hasta el 4 de julio de este año, existían 41 proyectos para crear nuevas universidades en diferentes provincias y distritos del Perú. En total, 13 de estas propuestas ya están en etapa de dictamen, lo que significa que están a un paso de ser debatidas —y posiblemente aprobadas— por el Pleno del Parlamento.

Detrás de todos estos proyectos de ley se encondería un motivo que no busca beneficiar a estudiantes, sino al populismo de ciertos legisladores.

“Esto responde a un interés político de los congresistas y también a un desconocimiento de la población y de las autoridades locales”, aseguró Jorge Mori, director ejecutivo de Cappes (Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior).

Dina Boluarte promulgó esta semana la creación de una nueva universidad.

Esta opinión también es compartida por el fundador de Pirka y también exministro de Educación, Daniel Alfaro, quien asegura que la reforma educativa se ha politizado.

“La moratoria para la creación de universidades públicas tuvo como finalidad concentrar los esfuerzos de inversión en las condiciones básicas de calidad; lamentablemente, luego de su ampliación se abrió la puerta a la voracidad política que, sin tener en cuenta la necesidad de mejorar estas condiciones de calidad, fomentó el inicio de la apertura de nuevas universidades, ya sea declarando de interés o nombrándolas como tal”, dijo a este diario.

LOS AUTORES DE LA CONTRARREFORMA

No es novedad escuchar nombres de ciertos parlamentarios impulsando los mencionados proyectos. Desde los que aprobaron la nueva Ley Universitaria, hasta los que cambiaron al consejo directivo de la Sunedu, son los mismos que ahora quieren crear universidades nacionales por montones.

Uno de ellos es Waldemar Cerrón (Perú Libre), hermano del prófugo Vladimir Cerrón. Justamente su partido ha impulsado al caballazo proyectos de ley para que el ingreso a las universidades sea libre.

También figura Edgar Tello, quien en 2021, tal y como advirtió este diario, presentó un proyecto de ley que proponía “una nueva oportunidad” de licenciatura a las universidades asociativas que no cumplían con los requisitos mínimos exigidos por la Sunedu para seguir funcionando.

Específicamente, buscaba beneficiar a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV), ya que fue la casa de estudios del legislador Tello, de donde egresó en 2019 como abogado.

Otros legisladores que aparecen en las iniciativas para crear universidades públicas a la loca son Kelly Portalatino, Guido Bellido, Lady Camones, Américo Gonza, Ilich López, Alejandro Soto, Flavio Cruz y Elizabeth Taipe.

Algunas propuestas, por ejemplo, son crear la Universidad Nacional de Conchucos, en Áncash; la Universidad Nacional de La Mar (Ayacucho), Universidad Nacional de Pataz (La Libertad), Universidad Nacional Tecnológica de Ancón (Lima) y la Universidad Nacional Autónoma de Huanta (Ayacucho).

“Estos proyectos no deberían ser aprobados, a la fecha ya hay seis universidades públicas creadas. A los congresistas hay que pedirles que no sigan haciendo esto porque es jugar con la expectativa de los jóvenes y nadie tiene derecho a jugar con las expectativas de un padre de familia o de un joven que quiere resolver su problema de educación universitaria”, argumentó Jorge Mori.

MÁS CARO QUE BENEFICIOSO

“El costo por estudiante en estas universidades distritales o locales que se están creando puede llegar a ser hasta tres veces más que el costo de estudiante de una universidad pública regional”, explicó Mori a este diario.

Y es que, según de Cappes, el costo por alumno puede llegar a S/36 mil anuales. Si se inscribiera un alumno por cada universidad a crear, en este caso 41, se gastarían S/1′476,000 por año. Esto no sería lo peor.

Cada institución nueva, de acuerdo a Cappes, demoraría aún siete años en iniciar operaciones, considerando la construcción del campus y establecer las normas internas.

Además, ese tiempo tendría que pasar para que puedan admitir nuevos estudiantes. Y es que otras casas universitarias recién creadas no lograron cubrir ni el 10% de las plazas. En otras palabras, el nivel de acceso no incrementó.

“Estas universidades públicas distritales o locales que están creando no superan los dos mil alumnos. Eso también es importante señalar porque al no superar esa cifra obviamente que son universidades muy pequeñas que no logran escalar y que muchas veces tienen dificultad para traer investigadores o docentes”, manifestó el representante de Cappes.

UNA LUZ EN EL PROBLEMA

El exministro Alfaro refirió que si los legisladores quieren que más jóvenes desarrollen sus capacidades después de la etapa escolar, una solución sería priorizar los institutos porque generan condiciones de empleabilidad en las personas durante un menor tiempo y tienen mayor demanda en el mercado laboral.

 

En segundo lugar, explicó Alfaro, si fuese necesario incrementar la oferta universitaria, “sería más efectivo hacerlo a través de filiales de las universidades existentes en vez de crear nuevas universidades”.

Mori se sumó a esa propuesta y señaló que el Estado debería promover la oferta de becas y créditos.

“En realidad crear estas universidades públicas distritales o locales es un grave error y es jugar con la expectativa de los jóvenes. Tenemos que ser muy responsables porque, de lo contrario, seguimos jugando con los proyectos de vida de miles de jóvenes que tienen el derecho de acceder a una educación universitaria”, refirió.

El gobierno, por su parte, le hace el juego a estos congresistas. Esta semana, la presidenta Dina Boluarte celebró por todo lo alto la promulgación de la ley que crea la Universidad Nacional Fronteriza Autónoma de Yunguyo (Puno). El populismo en su máxima expresión.

TENGA EN CUENTA

-Se han aprobado las leyes de creación de seis universidades públicas provinciales: La Universidad Nacional de Carabaya (Puno), la Universidad Nacional Autónoma de Cutervo (Cajamarca) y la Universidad Nacional Tecnológica de Frontera San Ignacio de Loyola (Cajamarca).

-También la Universidad Nacional Tecnológica de Chincha (Ica), la Universidad Nacional Perla del Vilcanota (Cusco) y la Universidad Nacional del Vraem (Cusco).

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Estos son los acuerdos alcanzados en el XV Gabinete Binacional Perú – Ecuador

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Perú y Ecuador celebraron en la víspera en Lima el Encuentro Presidencial y el XV Gabinete Binacional, en el que se alcanzaron una serie de acuerdos contemplados en la Declaración de Lima, firmada por ambos mandatarios. Conoce de qué se trata.

Seguridad en la frontera

Perú y Ecuador se comprometieron a continuar fortaleciendo la seguridad en la zona de frontera, con la ejecución de operaciones y ejercicios militares y policiales coordinados contra la delincuencia organizada transnacional; narcotráfico; el tráfico ilícito de armas, municiones, explosivos, sus partes y otros materiales relacionados; la minería ilegal; el contrabando; la trata de personas; el tráfico ilícito de migrantes; y, delitos conexos.

Esto se logrará a través del intercambio de información e inteligencia, acciones de vigilancia, protección y control en la zona fronteriza común con énfasis en los pasos oficiales y en los ejes viales binacionales y la neutralización de pasos de frontera no autorizados.

Seguridad y defensa

Asimismo, establecieron identificar y desarrollar proyectos y programas de cooperación en materia de ciencia, tecnología e innovación sobre seguridad y defensa, que atiendan las necesidades y requerimientos comunes de las Fuerzas Armadas de ambos países.

Campañas sociales

Además, acordaron la continuación de campañas sociales binacionales dirigidas a las poblaciones localizadas en la zona de frontera, destacando el desarrollo de la campaña realizada en agosto de 2023 en la zona de Huaquillas Aguas Verdes, organizada por el Ecuador, y que brindó atención a más de 2,000 ciudadanos de ambos países.

Tráfico ilícito de drogas

También, renovaron su compromiso de combatir conjuntamente y de manera integral el tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos. En ese sentido, instruyeron convocar a la VII Reunión de la Comisión Mixta sobre Control de Drogas Perú – Ecuador en el segundo semestre de 2024. El Perú destacó la importancia de priorizar el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones vulnerables a través de programas de desarrollo alternativo, integral y sostenible.

Contrabando

De igual modo, dispusieron que las entidades técnicas competentes de ambos países realicen las acciones pertinentes para fortalecer el Comité Binacional de Lucha contra el Contrabando (CBLCC), de manera que permita adecuar estrategias y operaciones coordinadas para la lucha contra este ilícito, sus delitos conexos y el tráfico ilícito de armas, municiones, explosivos, sus partes y otros materiales relacionados, en concordancia con lo señalado en la Decisión N° 922 de 21 de enero de 2024 y su Plan de Acción Resolutivo (PAR).

Medio ambiente

Otro acuerdo, fue recuperar, proteger y conservar el medio ambiente de las cuencas hidrográficas compartidas, mediante acciones nacionales y binacionales, convocando el concurso de la cooperación internacional. Teniendo presente el derecho a la salud de las poblaciones de frontera, encargaron a las Autoridades de Ambiente y Agua junto con otras autoridades competentes, la elaboración de una hoja de ruta para identificar acciones conjuntas necesarias para la recuperación de ambientes degradados, protección, y conservación de las cuencas hidrográficas transfronterizas, en particular la del Puyango-Tumbes. Este encargo podrá llevarse a cabo con el apoyo de la cooperación internacional y de los actores subnacionales pertinentes. Coincidieron en que ello permitirá compatibilizar las actividades extractivas y productivas, con la adecuada gestión de los recursos hídricos utilizados por las poblaciones fronterizas.

Recursos hídricos

Se suscribió el reglamento del “Acuerdo que establece la Comisión Binacional para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de las Cuencas Hidrográficas Transfronterizas” y el inicio de los trabajos de la Comisión Binacional, que permitirá conformar próximamente los Comités GIRH por cada una de las nueve cuencas transfronterizas, iniciando con las del Puyango–Tumbes y Mayo–Chinchipe.

Minería sostenible

Los mandatarios también instruyeron a los Ministerios de Energía y Minas de ambos países a articular a la brevedad posible con las autoridades competentes y a apoyar técnicamente a los Gobiernos Autónomos Descentralizados del Ecuador y los Gobiernos Regionales del Perú en el manejo de gestión técnica de la relavera El Tablón y de las plantas de beneficio de las zonas de influencia de los ríos Calera y Amarillo. Dispusieron, asimismo, a las instituciones técnicas competentes de ambos países ejecutar acciones conjuntas de cooperación, particularmente, realización de visitas técnicas, intercambio de información y de buenas prácticas, así como el establecimiento de mecanismos de trazabilidad del mercurio y oro para su adecuado control en ambos países.

Empleo joven

Se acordó el impulso del empleo joven e inclusivo a través de la suscripción del “Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio del Trabajo del Ecuador y el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo del Perú”, el cual permitirá fortalecer conocimientos, procesos institucionales y generación de acciones conjuntas en materia laboral, promoviendo buenas prácticas laborales en las cadenas de valor sostenibles desarrolladas en las zonas de fronteras de ambos países.

Cooperación científica

Los mandatarios acordaron reactivar la cooperación entre el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec) del Perú y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) del Ecuador, con la finalidad de promover la colaboración científica y tecnológica en proyectos de investigación, innovación y transferencia de tecnología en el intercambio de conocimientos y la formación de capacidades en áreas estratégicas

Tránsito de personas

Se instaló el “Grupo de Trabajo Binacional para abordar la problemática de frontera y revisión del Convenio sobre Tránsito de Personas, Vehículos, Embarcaciones Fluviales y Marítimas y Aeronaves, y su reglamento” e instaron a las instituciones técnicas de ambos países a adoptar acciones que contribuyan al adecuado tránsito de vehículos en la zona de frontera. Asimismo, expresaron su interés en el incremento y mejoramiento de la conectividad aérea, a través de nuevas rutas entre ambos países.

Plan Binacional

Por último, los presidentes saludaron el acuerdo de la ampliación de la vigencia, por un plazo de diez años adicionales a partir del 14 de mayo de 2024, del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza, que cumple un importante rol en la promoción de la integración y el desarrollo binacionales, en particular a través de proyectos de salud, desarrollo productivo y culturales en las localidades fronterizas.

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Poder Judicial rechaza prescripción de casos Pativilca y La Cantuta

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Permanente aprobó horas antes ley de prescripción de lesa humanidad, que beneficiaría al grupo Colina. Congresistas coautores del proyecto de ley, Rospigliosi y Cueto, piden que el Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Corte Suprema rechazó la prescripción del delito de asociación ilícita en los casos Pativilca y la Cantuta, calificados como de lesa humanidad, en los que están procesados los integrantes del grupo Colina. Y, debido a esa decisión judicial, Santiago Martín Rivas, y los otros integrantes de dicho grupo paramilitar, no podrían beneficiarse con el archivamiento de sus casos tras la aprobación, horas antes, de la ley que precisa la prescripción de los delitos calificados de lesa humanidad.

LA COMISIÓN PERMANENTE dio a luz, en segunda votación, a la referida ley que precisa la prescripción de los delitos calificados de lesa humanidad (del 1 de julio de 2002 hacia atrás).

Esta, archivaría, según el abogado de IDL, Carlos Rivera, 30 casos emblemáticos —entre los que están procesados los integrantes del grupo Colina (La Cantuta, Barrios Altos y Pativilca)— y dos casos de terrorismo (ver recuadro).

El coautor del proyecto de ley, el congresista de Fuerza Popular (FP) Fernando Rospigliosi —el otro coautor es José Cueto, de Avanza País (AvP)—, señaló, en conferencia de prensa, que la ley no afectará ni archivará los casos La Cantuta y Barrios Altos, como señala IDL, “porque esos sucesos ocurrieron entre los años 1991 y 1992, y los autores —o sea, el grupo Colina— fueron capturados, procesados y sentenciados a partir de 2002, en el marco de prescripción adecuado, que para esa fecha era de 20 años”.

Por la noche, el Poder Judicial informó, en su cuenta de X, la decisión de la Corte Suprema, en segunda instancia, de rechazar la prescripción del delito de asociación ilícita en los casos Pativilca y La Cantuta, en los que están procesados el expresidente Alberto Fujimori; su exasesor de Inteligencia, Vladimiro Montesinos; el exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CC.FF.AA.), Nicolás de Bari Hermoza; y el general en retiro del Ejército, Luis Pérez Documet.

Esto, porque ambos casos han sido calificados como de lesa humanidad, y “son imprescriptibles”, señala la resolución.

Con esa decisión del PJ, los dos procesos no podrían ser archivados con la aprobación de la ley de prescripción que recibió por la mañana la luz verde en la CP, y como alertó IDL.

LEY DE PRESCRIPCIÓN

Contra viento y marea, tal como lo anunció Perú21, ayer se realizó la segunda votación de la referida ley, en la Comisión Permanente (CP), pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), el último martes, había pedido al Parlamento detener dicha votación. Sin embargo, la CP pasó por encima de la Corte.

La aprobación de la ley recibió, finalmente, 15 votos a favor y 12 en contra. Y, a partir de hoy, el Ejecutivo tiene 15 días para promulgar dicha ley o, en todo caso, observarla. Si eso ocurre, la CP podría aprobarla por insistencia.

Cueto y Rospigliosi aseguraron, en conferencia de prensa, que la citada ley se aplicará para los casos ocurridos a partir de la entrada en vigencia de los tratados internacionales en nuestro país respecto a los delitos calificados como de lesa humanidad; es decir, todos los procesos ocurridos antes del 1 de julio de 2002.

Según Rospigliosi, se beneficiarán 800 miembros del Ejército, entre sentenciados y procesados, que fueron imputados por diversos delitos, calificándolos como de lesa humanidad, “para que nunca prescriban” y “perseguirlos toda su vida”.

SALIR DE CORTE-IDH

Al ser consultado sobre el pronunciamiento de la Corte-IDH, que trató de impedir la votación de ayer, el congresista José Cueto (AvP) dijo que el Perú debería abandonar dicha instancia internacional.

“El Parlamento no tiene por qué responder a la Corte IDH, ellos pueden emitir un juicio, y seguramente van a sacar algún tipo de comunicado posterior (al del pasado martes). Primero, no nos afecta; segundo, no tiene ninguna consecuencia. ¿Qué van a hacer?, ¿qué quieren hacer?, por último, nos salimos de la Corte”, aseguró Cueto.

Rospigliosi, por su parte, respaldó a Cueto, y dijo que lo que ha hecho dicho organismo es calificar los procesos como de lesa humanidad para “inmiscuirse en los asuntos internos de nuestro país”.

SABÍA QUE

-Afectaría 30 casos emblemáticos, entre ellos: Cabitos (1983), Benito Baldeón (1984), Manta y Vilca (1984), Accomarca (1985), Cayara (1985), El Frontón (1986), Teófilo Rímac Capcha (1986), Hugo Bustíos (1988), Barrios Altos (1991), Chuschi (1991), La Cantuta (1992), Pativilca (1992), Universidad del Centro (1992) y Pucayacu (1984), para IDL.

-Dos casos de terrorismo. Alcanzaría a Soras (Sendero Luminoso) y Las Gardenias (MRTA), según IDL.

-“Es una ley que bloquea cualquier investigación de los años 80, esperemos que el Poder Ejecutivo la observe”, señaló Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia.

ANÁLISIS

 “De repente, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos no sacaba su resolución (que pedía que no se realice la votación de ayer), el Congreso no aprobaba (la ley); ahora, creo que, más bien, probablemente, esto ha servido para generar el consenso necesario entre las bancadas del Congreso, para que se pueda aprobar. Es un acto de desafío.

Creo que la Corte Interamericana está un poco desprestigiada porque se le percibe extremadamente politizada.

Espero que los nuevos integrantes de la Corte —hay dos magistrados nuevos, uno de nacionalidad paraguaya, y el otro nacionalidad peruana, que es el doctor Alberto Borea—; puedan darle un talante más ponderado a la Corte; un talante más profesional y menos politizado.

Hay mucha gente que ha sugerido que el Perú se retire de la Corte; y esperemos que pueda haber un cambio necesario para que eso no ocurra”.

 

 

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