La medida de protesta, que busca llamar la atención de las autoridades locales, regionales y nacionales, se realizará el 25 de setiembre.

Los agricultores de los valles Santa y Lacramarca, así como la población rural de Chimbote, han acordado realizar un paro, el próximo 25 de setiembre, con la finalidad de exigir acciones más concretas de parte de las autoridades, frente a la grave contaminación por metales pesados de las aguas de los ríos Santa y Tablachaca.

Como se sabe, es la población rural de decenas de anexos de varios centros poblados, así como los agricultores, los más afectados con esta emergencia ambiental, debido a que no cuentan con agua apta para el consumo humano y, además, tienen temor de usar la de los canales para el riego de sus plantas, porque está contaminada con al menos cuatro metales pesados.

Ayer, durante una asamblea en la que estuvieron presentes agricultores, dirigentes de varias organizaciones agrarias y hasta el decano del Colegio de Ingenieros Áncash-Costa, Guillermo Gil Albarrán, tomaron el acuerdo de ejecutar esta medida de protesta.

El presidente de la Junta de Usuarios de Irchim, Linder Mauricio Diestra, dijo que se ha conformado una comisión, que la integran los representantes de varias organizaciones, para realizar el trabajo de planificación y convocatoria a la protesta.

Algunos agricultores que intervinieron en la asamblea llamaron a la población a sumarse a esta protesta, pues indicaron que la contaminación de las aguas del río Santa afecta a todos, ya sea por el consumo de agua o de los productos que se cultivan en la zona rural.

Agregaron que, hasta el momento, han visto inacción de los alcaldes, gobierno regional, organismos involucrados en el tema, así como de los ministerios de Energía y Minas; Ambiente, y Desarrollo Agrario y Riego.

Las autoridades de la región Áncash investigan un nuevo caso de contaminación por efluentes mineros que pone en riesgo las aguas del río Santa, utilizadas para abastecer a la población y los campos de cultivo.

Representantes de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Áncash y un equipo especializado de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) se trasladaron a la quebrada Collaracra, en el distrito de Ticapampa, provincia de Recuay, tras reportarse una afectación por actividad minera.

En los últimos días, los pobladores denunciaron públicamente que el agua de la quebrada presentaba una coloración amarillenta debido, presuntamente, a un derrame relacionado con la minería.

Ante este nuevo daño ambiental, una comitiva encabezada por el fiscal Fernando Burga Li recorrió la quebrada Collaracra y llegó hasta la unidad minera para investigar la causa del derrame de efluentes y determinar responsabilidades.

La DREM Áncash llevará a cabo los procedimientos administrativos correspondientes y proporcionará información a la Fiscalía para que se continúen las diligencias del caso.

En la constatación participaron representantes de la Autoridad Nacional del Agua y policías de la Unidad Desconcentrada de Protección del Medio Ambiente de la PNP Huaraz.

Cabe recordar que a inicios de agosto de este año se reportaron derrames mineros en el distrito de Pampas, en la provincia de Pallasca, lo que obligó a analizar las aguas del río Santa para salvaguardar la salud de la población de Áncash y La Libertad. ( Fuente: Andina)

En el marco de una reunión con el director regional de Energía y Minas de Áncash, Ricardo Castillejo Melgarejo, los consejeros regionales de Recuay, Yover Montoya Castillo, y de Yungay, Dali García Durán, pidieron que la contaminación de las aguas del río Santa, en Ticapampa, sea investigada.

En la reunión también estuvieron presentes el alcalde del distrito de Huayllapampa, Maurto Vega Vásquez, y un representante de la Municipalidad Provincial de Recuay, quienes explicaron la situación de contaminación de la subcuenca del río Santa, la que desde el sábado se ha visto contaminada con derrames de residuos mineros.

Durante la reunión se conoció que la empresa acusada es Minera NorPerú. El director de Energía y Minas informó que, frente a los hechos, iniciarán un proceso administrativo sancionador, paralelamente a un proceso de exclusión de la minera del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

El consejero Yover Montoya pidió ser drásticos en las sanciones e indicó que el caso debe ser tratado en la próxima sesión ordinaria del Consejo Regional de Áncash, por la gravedad del mismo.