Perú
Obras paralizadas siguen creciendo en 2024: ahora valen S/6 mil millones más
La Contraloría de la República publicó este mes el reporte de obras paralizadas al cierre del primer trimestre del 2024. El informe revela que la parálisis de la inversión pública en el territorio nacional no deja de crecer, tanto en número de obras, como en costos al Estado. En este panorama, la nueva Ley de Contrataciones Públicas, aprobada ya por el Congreso, espera su promulgación.
A marzo del 2024, existen en Perú un total de 2,324 obras paralizadas en el Perú, con una inversión conjunta que asciende a S/ 33,167 millones. Respecto a diciembre, cuando se publicó el último reporte de Contraloría, hay S/ 6,175 millones de diferencia. En ese entonces las obras paralizadas en todo el territorio nacional eran 2,298 y su valor alcanzaba los S/ 26,992 millones.
La Contraloría ya advertía al cierre del 2023 que las obras paralizadas venían al alza en el país. A consideración de analistas, si bien la nueva Ley de Contrataciones Públicas tiene uno que otro mecanismo que puede evitar que la parálisis se profundice, el reto es reactivar las ya existentes.
Parálisis a detalle
La Contraloría revela también que, entre diciembre y marzo, 439 obras reactivaron su ejecución, las cuales involucran un monto de S/ 3,321 millones. Sin embargo, de lejos son muchas más las que continúan paralizadas desde el cierre del 2023 y las que se sumaron a este grupo también (ver tabla).
Son 1,859 las obras que permanecen paralizadas desde diciembre del 2023. Las inversiones vinculadas a estas obras representan S/ 24,301 millones. Vale recordar que la Contraloría identifica una obra como paralizada como aquella que no se ha concluido, ni reporta avances de ejecución física por seis meses a más.
La entidad de control también precisa que son 465 las obras paralizadas “nuevas”, es decir, que dejaron de ejecutarse durante el primer trimestre del 2024. Juntas, significan S/ 8,865 millones dejados de invertir para el Estado. Gran parte de las obras paralizadas que se sumaron entre enero y marzo están en manos de las municipalidades (305).
La región con más parálisis es Cusco con 302 obras en este estado, cuyo monto de inversión es de S/ 1,547 millones. Le sigue Puno con 288 obras paralizadas que representan S/ 1,554 millones. El tercer puesto es para Lima con 180 proyectos sin ejecutaron por S/ 3,164 millones.
Juan Carlos Morón, socio del Estudio Echocopar, explica que, en el caso de departamentos en la sierra, el riesgo de parálisis es mayor, ya que incluso si sus expedientes técnicos (ET) no son deficientes, factores climáticos como lluvias o la alta probabilidad de cruzarse con restos arqueológicos, complican su conclusión.
“Si uno mira las causas de la paralización, la gran mayoría son plenamente atribuibles al Estado. La falta de recursos financieros sigue siendo lo principal. También están el mal planeamiento de obras. Reactivar obras sale más caro que culminarlas”, agrega.
A nivel de obras, las 10 obras más costosas acumulan S/ 2,968 millones en inversión paralizada. La más cara de todas es el “Mejoramiento de la Red Vial Departamental Moquegua – Arequipa”, a cargo de Provías Nacional, con un valor de S/ 817 millones (ver tabla).
Para Karla Gaviño, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la UP, es alarmante que las obras paralizadas más costosas están bastante diversificadas a nivel sectorial, territorial y nivel de gobierno a cargo, lo que habla de la gravedad del problema.
“Refleja fuertes falencias en el sistema de inversión pública y la gestión del Estado. No hay planeamiento estratégico en las instituciones y tampoco está bien articulado el presupuesto público para obras”, apunta.
Como dijo Morón, la principal causa que aluden las entidades a Contraloría para paralizar obras es la falta de dinero. Al respecto, la nueva Ley de Contrataciones, tal como contó Gestión, introduce modificaciones a los porcentajes que las instituciones públicas disponen para aprobar adicionales de obra.
En resumen, ahora las entidades podrán aprobar directamente más recursos para una obra de hasta 30% del costo original fijado en el contrato. Aparte, solo si Contraloría lo aprueba, el porcentaje podría llegar a 50%. Con la ley vigente, la regla era que, adicionales de entre 15% a 50% del costo original, debían ser autorizados por la entidad de control.
“Respecto a las obras ya paralizadas, no tendrá efecto. Si vemos a futuro, con este rango ampliado, podrían haber mejoras”, considera Morón. Pero el abogado recuerda, sobre la parálisis actual, que existe la Ley 31589, que literalmente dice estar concebida para garantizar la reactivación de obras paralizadas. No habría tenido efecto.
“Propone hacer un inventario de proyectos priorizados, eso es bueno, pero solo propone una salida: que el Estado invalide la obra y vuelva a sacar un concurso. Lo correcto sería tener una solución por cada causal de paralización”, indica.
Para Gaviño los cambios introducidos a las prestaciones adicionales son positivos, pero resuelven una parte del problema. No ataca la mala formulación ni costeo de ET.
“La falta de prevención podría seguir. No estás dotándoles de mayor capacidad para administrar recursos, simplemente tendrán menos ojos vigilantes si es que no llegan a pedir adicionales entre 30% a 50% del costo original”, advierte.
Lo que sí rescata la profesora de la UP de la nueva ley es que refuerza el rol que tendrá la Junta de Resolución de Disputas, a la que ahora se le agregará en su nombre la palabra “Prevención”. Esta instancia es clave para evitar que rencillas entre contratistas y el Estado se conviertan en arbitrajes.
“Es importante que ahora también tenga un rol preventivo, es decir, que acompañe todo el ciclo de inversión y pueda absolver dudas mientras se ejecuta la obra”, recalca.
Días después que el Congreso aprobara la nueva normativa, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) también destacó el nuevo rol de la junta. Además de esa característica, la cartera aseguró que se evitarán más obras paralizadas porque ahora se podrán usar “contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional”.
Pero Morón insiste que no resolverá las cosas para las ya paralizadas. “Los contratos peruanos, hay que admitirlo, tienden al conflicto y las penalidades. Las metodologías internacionales ayudarán a que no hayan más (obras paralizadas), pero el problema son las actuales, que son mal gestionadas”, refiere.
Perú
ANIN aprueba criterios de priorización para proyectos en zonas de influencia del Hub Portuario Chancay.

La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) aprobó los criterios de priorización de las inversiones públicas e intervenciones para su inclusión en la Cartera de Inversiones Estratégicas Territoriales (CIET) a cargo de la ANIN, a través de la Resolución Jefatural N° 00129-2024-ANIN-JEF.
Ello, en el marco del Decreto Legislativo N° 1659, que permite a la ANIN identificar, formular y ejecutar inversiones ubicadas en las zonas de influencia del corredor logístico asociado al Hub Portuario de Chancay.
Los criterios de priorización permitirán a la ANIN, en coordinación con las entidades competentes de los tres niveles de gobierno, priorizar las inversiones públicas identificadas, en tanto sean estratégicas para el desarrollo económico y social de las zonas de influencia del corredor logístico asociado al Hub Portuario de Chancay, priorizando aquellas que se encuentran ubicadas en las zonas de influencia directa, comprendidas por diversos distritos de las provincias de Barranca, Huaura, Huaral, Lima Metropolitana (Zona Norte) y el Callao; pero también, cuando así pueda corresponder, en las zonas de influencia indirecta, es decir, aquellas áreas geográficas que atraviesen corredores logísticos que articulen con este terminal portuario.
Para la priorización, la ANIN tomará en consideración que los proyectos cuenten con un enfoque de desarrollo territorial, representen un alto impacto económico o social para la población de la zona donde se ejecute dicho proyecto, contribuyan con el desarrollo del corredor logístico asociado al Hub Portuario de Chancay y/o estén contenidos en los planes nacionales sectoriales y/o instrumentos de ordenamiento territorial.
De esta forma, la ANIN sigue trabajando para cerrar la brecha de infraestructura en las zonas donde impactará de forma directa e indirecta este megaproyecto, en el marco de la política de impulso al cierre de brechas, establecida por el gobierno de la presidenta Dina Ercilia Boluarte y ejecutada por la PCM.
Perú
Ancash, Amazonas y Cajamarca son las regiones más afectadas por los riesgos de incendios

La Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), emitió reportes que indican que diversas regiones del Perú se encuentran en alerta por la presencia de focos de calor, que incrementan el riesgo de incendios forestales.
El organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego resalta que estos focos de calor se han identificado en múltiples provincias a nivel nacional, destacando la región norte y oriental como las más afectadas.
En Amazonas, los 131 focos de calor se distribuyen en todas sus provincias, a excepción de Rodríguez de Mendoza. Se han emitido 62 alertas en cuatro provincias: Bongará (22), Chachapoyas (3), Luya (27) y Utcubamba (10), lo que eleva la preocupación por posibles incendios forestales en la zona.
Por su parte, Cajamarca se destaca con 328 focos de calor, repartidos en todas sus provincias, siendo las más afectadas San Ignacio, Jaén, Cutervo, Chota y Santa Cruz, con hasta 70 alertas de incendios forestales.
En Áncash, se reportaron 102 focos de calor, con provincias como Pallasca, Corongo y Santa siendo las más expuestas, sumando 31 alertas en Pallasca y 30 en Corongo.
La situación en Apurímac es crítica con 5 focos de calor, especialmente en la provincia de Andahuaylas, donde se han emitido 4 alertas. En Arequipa, 7 focos de calor se concentran en las provincias de Caravelí, Condesuyos, Castilla, Camaná y Arequipa, mientras que Ica presenta 2 focos en Chincha y Pisco, con 16 alertas en Chincha.
Mientras tanto, en Huánuco los 8 focos de calor han dado lugar a 4 alertas en Marañón, mientras que en Huancavelica, con 4 focos, se han registrado 21 alertas en la provincia de Castrovirreyna y 3 en Huaytará.
Otras Regiones Afectadas:
Loreto: 26 focos, con alertas en Ucayali (3).
La Libertad: 100 focos, con 66 alertas en Gran Chimú.
San Martín: 69 focos y alertas en Mariscal Cáceres.
Piura: 190 focos, destacando Huancabamba con 70 alertas.
Lima/Callao: 54 focos, especialmente en Huarochirí y Yauyos, con un total de 57 alertas.
Perú
Ancash entre las Seis regiones que agrupan el 71% de exportación de minerales a los países del APEC

Se trata de Moquegua, Arequipa, Áncash, Ica, Apurímac y Junín. Los metales que se exportan son el cobre, zinc y molibdeno, destacó Homar Lozano, director del IIMP.
Hay siete regiones de nuestro país que, en lo que va del año, agrupan el 71% de exportación de minerales a los países que integran el Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC), según se revela un último informe de Comex Perú y al que accedió el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
Se trata de Moquegua, Arequipa, Áncash, Ica, Apurímac y Junín. En el caso de Moquegua, lidera por ocho meses consecutivos la inversión minera. En lo que va del año recibió más de US$ 457 millones. Además, encabeza la producción nacional de molibdeno.
En el caso de Arequipa, ocupa el segundo lugar en la producción de oro a nivel nacional y tercero en molibdeno. Sobre Áncash, región donde está ubicada Antamina, logró alcanzar la primera posición en producción de cobre con una participación de 17.6%. Asimismo, ostentó el primer lugar con más de S/ 1,445 millones de transferencias mineras.
En su lugar Ica es el departamento que produce el 100% del hierro en el país. Allí se ubican Shougang Hierro Perú y Minera Shouxin Perú. Cuenta con tres proyectos de exploración y uno de explotación. Todo por un monto superior a los US$ 500 millones.
Por su parte, Junín cuenta con tres proyectos mineros por más de US$ 1,000 millones, entre ellos la ampliación de Toromocho II. Ocupa el puesto siete de las regiones productoras de minerales. Además, es la segunda región productora de zinc a nivel nacional.
¿Qué se está produciendo para los aliados de APEC?
Al respecto, Homar Lozano, director del IIMP, señaló que el 71% de las exportaciones de los minerales vayan a países de APEC demuestra que la industria minera formal en nuestro país es una herramienta competitiva que ayuda al desarrollo territorial.
“Esto es relevante porque como lo ha dicho el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho en IMARC 2024, tenemos una producción y reservas en ocho de los 17 minerales estratégicos que el mundo necesita para este proceso de transición energética y los países que están dentro de APEC vienen marcando un liderazgo sobre ello”, declaró al IIMP.
Bajo esa premisa, Lozano manifestó que los metales que estamos exportando son principalmente el cobre, el zinc y el molibdeno. Destacó, por ejemplo, que el Perú, de acuerdo al Boletín Estadístico del Minem, es el segundo productor mundial de cobre y zinc, y el cuarto en molibdeno.
“Estos metales son parte de los metales críticos y vemos que estas regiones Áncash, Arequipa, Moquegua y Apurímac son las cuatro regiones con la mayor producción de cobre; Moquegua, Arequipa y Áncash las que más producen molibdeno, y en el caso de zinc tenemos Áncash y Junín”, explicó el experto.
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