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Fiscalía demanda inconstitucionalidad de cuatro decretos emitidos por gobierno de Boluarte

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Juan Carlos Villena explicó que estos afectan la función de la Fiscalía como conductor de las investigaciones del delito desde su inicio

El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, presentó una demanda de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional (TC) en contra cuatro decretos legislativos emitidos en diciembre por el gobierno de Dina Boluarte. Estos decretos, promulgados bajo las facultades otorgadas por el Congreso, vulnerarían las funciones del Ministerio Público.

La acción legal contra los decretos legislativos N°1592, N°1604, N°1605 y N°1611 solicita al TC que “se declare la inconstitucionalidad material y formal de las reformas normativas”. La principal preocupación se centra en los decretos que otorgan nuevamente a la Policía Nacional la facultad de realizar investigaciones.

En la demanda se sostiene que las reformas introducidas por los decretos “irrespetan el rol conductor de la investigación del delito”, el cual está constitucionalmente asignado al Ministerio Público, y “desnaturalizan el rol constitucional de la Policía”.

Además, se argumenta que de acuerdo al artículo 159 de la Constitución, es responsabilidad exclusiva del Ministerio Público liderar la investigación desde su comienzo, y la Policía Nacional está obligada a acatar las órdenes de la fiscalía.

“En ese sentido, el Ministerio Público tiene el monopolio de la acción de la acción penal pública y, como consecuencia, de la investigación del delito desde que ésta se inicia; y la policía es un órgano de apoyo”, se lee en el documento.

Por tanto, se plantea la duda acerca de si la policía debería encargarse de la investigación del delito, una labor que se considera como exclusiva de la fiscalía.

“El pretender otorgarle la función investigadora del delito a la Policía Nacional, implica la vulneración de la autonomía del Ministerio Público”, indica.

Los Decretos Legislativos

Decreto legislativo 1592: Hace referencia a la actuación de la Policía Nacional en la contención del tráfico ilícito de drogas, se menciona que la PNP asumirá responsabilidades tanto en la prevención, investigación y combate de este delito, así como en la investigación exhaustiva de sus diversas manifestaciones. Además, se contempla la realización de operaciones o intervenciones en las rutas hacia los puertos, aeropuertos o en áreas no designadas como zonas primarias

Decreto legislativo 1604: Aborda las atribuciones de la Policía Nacional del Perú (PNP), específicamente en el artículo 2, numeral 14, que establece lo siguiente: “Asumir y llevar a cabo la investigación de delitos desde el momento en que se tiene conocimiento de la noticia criminal, en consonancia con las disposiciones del Código Procesal Penal y las leyes correspondientes, comunicando tales acciones al Ministerio Público”.

Decreto legislativo 1605: Modifica 30 artículos del Nuevo Código Procesal Penal, habilita a la Policía Nacional del Perú para llevar a cabo diligencias de investigación preliminar de manera independiente. Esta normativa fue oficializada el 21 de diciembre en el Diario Oficial El Peruano y, según su propósito declarado, persigue mejorar el marco legal que regula la investigación del delito y la participación de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público.

Decreto legislativo 1611: Relacionado a medidas especiales de prevención e investigación del delito de extorsión y delitos conexos. Modifica el Código Penal y Código Procesal Penal. Precisa que el Ministerio Público, como titular del ejercicio público de la acción penal, asume la conducción de la investigación desde su inicio y controla jurídicamente la investigación que realiza la PNP del delito de extorsión y delitos conexos. En tanto, la PNP, en ejercicio de la tutela del orden interno, previene, investiga y combate la delincuencia, y en materia procesal penal, realiza la investigación del delito de extorsión y delitos conexos.

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Municipalidades y regiones tendrán el 58% del gasto de capital el 2025

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El presidente del Consejo de ministros, Gustavo Adrianzén, y el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, sustentaron ante el Congreso los proyectos de Ley (PL) de Presupuesto, Equilibrio Financiero y Endeudamiento del Sector Público 2025.

En ese contexto, Arista dijo que el PL de Presupuesto Fiscal 2025 es descentralizado porque los Gobiernos Regionales y Locales tendrán el 58% del monto destinado para gasto de capital, es decir, para que inviertan en la ejecución de proyectos de infraestructura.

Detalles. Refirió que en el Presupuesto 2025, los Gobierno Regionales recibirán S/1,706 millones más (+3.2% frente al 2024). Es decir, en total dispondrán de S/54,452 millones. Para el gasto de capital tendrán un incremento de 8.7% (S/1,243 millones).

A los Gobiernos Locales se les está asignando S/2,776 millones (+8% respecto del 2024), con lo que tendrán un total de S/37,518 millones. Para gasto de capital dispondrán de S/18,506 millones, que es mayor en 24.2% (S/3,611 millones) que el 2024.

Es decir, entre ambos tipos de gobiernos sumarán el 58% del total de gasto de capital del Presupuesto 2025.

Ejecución. Un reporte de ComexPerú señala que en 2023, los Gobiernos Locales lograron una inversión total de S/18,059 millones, un 10.7% menos que en 2022, con un avance de 64%.

Nuevamente, Áncash apareció como el departamento con la peor ejecución de parte de sus municipalidades. Moquegua registró el mayor avance con el 79.5%.

Mientras que los Gobiernos Regionales ejecutaron S/10,963 millones en proyectos de inversión, 19.9% más que el 2022 y un avance del 79% de todo su presupuesto.

Las regiones de Lambayeque y La Libertad registraron las más baja ejecución de presupuesto en el saneamiento en el 2023 (27 y 33%, respectivamente).

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Corrupción en Perú desde 2021 generó pérdidas por S/ 72,000 millones

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Con la tercera parte de ese dinero, se construirían 1,600 colegios o medio centenar de hospitales. En el último año, se perdieron S/ 24 000 millones por corrupción, según datos de Contraloría.

Desde el 2021 al 2023, la corrupción ha generado al Perú pérdidas económicas   de hasta S/ 72,000 millones, según datos de la Contraloría General de la República, informó el presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Roberto De La Torre.

El ejecutivo del gremio detalló que solo en el último año, se perdieron S/ 24,000 millones, con los que se hubiera podido financiar la construcción de 50 hospitales, 1,600 modernos colegios o la creación de más de un millón de puestos de trabajo.

“Cuando los recursos del Estado se desvían a través de prácticas corruptas, el peor impacto lo reciben las poblaciones más vulnerables, puesto que se limita la inversión en infraestructura, salud, educación y otros sectores esenciales para el desarrollo”, expresó.

Según el último Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de 2023, elaborado por Transparencia Internacional, el Perú cayó del puesto 101 al 121 desde el 2012, ubicándose en el tercio inferior de países más corruptos del mundo, compartiendo posiciones con Angola, Mongolia y Uzbekistán.

“Un país percibido como corrupto reduce significativamente la entrada de capital extranjero y aumenta los riesgos para los inversionistas”, agregó.

Programa de jóvenes para ser funcionarios públicos

Frente a ese escenario, De La Torre destacó la iniciativa “Semillero para futuros funcionarios y servidores públicos” de la Cámara de Comercio de Lima, cuyo objetivo es despertar en los jóvenes el interés de trabajar en el aparato estatal con el fin de mejorar los estándares del servicio para la ciudadanía.

La CCL ha logrado convocar a más de 450 universitarios con alto rendimiento académico y que formarán parte de un selecto grupo de 60 integrantes.

De La Torre señaló que el II Semillero representa para el gremio empresarial un aporte importante para contribuir a la lucha contra la corrupción, mal que genera retraso en la economía del país, desalienta la inversión, incrementa la pobreza y perjudica a las instituciones.

Por su parte, el presidente la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL, Hernán Lanzara, destacó que el II Semillero los jóvenes  no solo aprenderán a ser mejores servidores públicos; sino también a ser “guardianes de la integridad y la justicia, para construir un futuro más equitativo y transparente”,

“En este espacio fortaleceremos los valores, la ética y el sentido de responsabilidad; forjaremos un compromiso inquebrantable con la transparencia y adquirirán una profunda conciencia en la toma de decisiones, pues como futuros funcionarios, tendrán un impacto directo en la vida de millones de personas”, manifestó.

Lanzara enfatizó que los jóvenes admitidos son la generación que puede redefinir lo que significa ser un funcionario público.

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El Congreso de la republica aprobó en primera votación el proyecto de ley que protege los terrenos de Chinecas

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El pleno del Congreso de la República aprobó en primera votación el proyecto de ley 5464, impulsado por la congresista Nilza Chacón. Esta propuesta legislativa busca modificar la ley 29446, que declara la ejecución prioritaria del Proyecto Especial Chinecas, añadiendo acciones cruciales para la señalización y delimitación física de los terrenos que lo conforman.

El objetivo de esta modificación es proteger los terrenos de Chinecas, que durante años han sido vulnerados por invasiones debido a la falta de delimitación clara y efectiva La incorporación de hitos y otras formas de señalización busca garantizar la seguridad de los territorios y asegurar un resguardo adecuado del área destinada a este proyecto, considerando que Chinecas es uno de los proyectos más importantes para el desarrollo agrícola y económico de Ancash.

La congresista fujimorista Nilza Chacón destacó la importancia de esta ley para el futuro de Chinecas señalando que la delimitación física es un paso crucial para evitar invasiones y asegurar que este proyecto pueda avanzar en beneficio de los ancashinos.

 

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