En el marco de una reunión con el director regional de Energía y Minas de Áncash, Ricardo Castillejo Melgarejo, los consejeros regionales de Recuay, Yover Montoya Castillo, y de Yungay, Dali García Durán, pidieron que la contaminación de las aguas del río Santa, en Ticapampa, sea investigada.

En la reunión también estuvieron presentes el alcalde del distrito de Huayllapampa, Maurto Vega Vásquez, y un representante de la Municipalidad Provincial de Recuay, quienes explicaron la situación de contaminación de la subcuenca del río Santa, la que desde el sábado se ha visto contaminada con derrames de residuos mineros.

Durante la reunión se conoció que la empresa acusada es Minera NorPerú. El director de Energía y Minas informó que, frente a los hechos, iniciarán un proceso administrativo sancionador, paralelamente a un proceso de exclusión de la minera del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

El consejero Yover Montoya pidió ser drásticos en las sanciones e indicó que el caso debe ser tratado en la próxima sesión ordinaria del Consejo Regional de Áncash, por la gravedad del mismo.

Consorcio ganador no acreditó experiencia de su personal clave, alerta Contraloría

La Contraloría General alertó riesgos en el proceso de selección de la empresa que se hará cargo de supervisar la construcción del centro de salud de Chiquián, en la provincia de Bolognesi.

De acuerdo con el informe de hito de control N.º 087, en agosto de este año el Gobierno Regional de Áncash otorgó la buena pro para la supervisión de la mencionada obra al Consorcio Supervisor Chiquián, que ocupó el segundo lugar, tras detectar que el postor ganador del primer lugar faltó al principio de veracidad. La adjudicación en segunda convocatoria fue por 3.3 millones de soles y un plazo de ejecución de 600 días.

No obstante, la comisión de control advierte que el consorcio beneficiado no acreditó los cinco años de experiencia del personal profesional propuesto para la supervisión de la obra. Es el caso del especialista en arquitectura, en instalaciones sanitarias, en seguridad y salud en el trabajo, el especialista en impacto ambiental y el especialista en costos, metrados y valorizaciones.

Otro riesgo detectado es que tampoco certificó el cumplimiento de algunos de los requisitos establecidos en las bases integradas, como copia de constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizadas, entre otros.

Las irregularidades fueron notificadas el 15 de agosto pasado al gobernador Koki Noriega Brito para las acciones correctivas y preventivas que correspondan.

La construcción del centro de salud de Chiquián se ejecutará mediante la modalidad de obras por impuestos con un presupuesto de 84 millones de soles y un plazo de ejecución de 540 días. Dicha inversión está a cargo de la empresa Antamina y será financiada con cargo al presupuesto del Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones que perciba el gobierno regional.

El Organismo de la Formalización de la Propiedad (COFOPRI), entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento informó que 444 posesiones informales ubicadas en los departamentos de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Piura, Puno y Ucayali podrán ser programados para iniciar el proceso de formalización.

Cofopri reportó que, las posesiones informales donde se ubican un aproximado de 38, 332 lotes urbanos obtuvieron un resultado procedente para ser incorporados al proceso de formalización que ejecuta la entidad, por cumplir, de manera preliminar, los requisitos básicos para evaluar su formalización.

“Gracias a este estudio del diagnóstico de la informalidad predial hemos podido identificar asentamientos y centros poblados que cumplen con los requisitos básicos para planificar futuras intervenciones. Esta acción nos permitirá programar con mayor eficiencia y desarrollar nuestros procesos de manera más ágil”, subrayó Víctor Crisólogo Galván, gerente general de Cofopri.

Al respecto, señaló que el estudio nos permite contar con información actualizada sobre la cantidad y ubicación de las posesiones informales que constituyen la brecha de la informalidad predial existente en 70 distritos de 11 departamentos del Perú.

Con este estudio, Cofopri busca sentar las bases para la formalización de posesiones informales y mejorar las condiciones de vida de miles de familias peruanas. La intervención en estos asentamientos representa un paso crucial hacia la reducción de la informalidad y la integración de estas poblaciones al desarrollo urbano formal.

Más de 25 mil lotes urbanos no cumplen requisitos de ley

Cofopri, informó que el estudio identificó que, 399 asentamientos humanos o centros poblados no cumplen con los requisitos de Ley para ser intervenidos por la entidad. Dichas posesiones informales agrupan a un promedio de 25,295 lotes urbanos.

Cofopri detalló que, entre los requisitos mínimos indispensables para ser considerado como posesión informal procedente para ser incluido en el proceso de formalización que ejecuta la entidad, están:

• Contar con una antigüedad de posesión al 31.12.2015 en terrenos estatales y al 31.12.2003 en territorios comunales.
• No estar ubicados en zonas de riesgo o cuyas viviendas se encuentran vulnerables a algún tipo de peligro evidente que pondría en riesgo la integridad física de las personas que las ocupan.
• No ocupar zonas reservadas, arqueológicas y/o protegidas.
• No tener un proceso judicial en trámite, entre otros.

Asimismo, se informó que en la región Áncash, se ha realizado este estudio en las provincias de Carhuaz y Santa en las que se ha identificado 36 pueblos (más de 3500 lotes) que son procedentes para iniciar labores de formalización de la propiedad.