Con la tercera parte de ese dinero, se construirían 1,600 colegios o medio centenar de hospitales. En el último año, se perdieron S/ 24 000 millones por corrupción, según datos de Contraloría.

Desde el 2021 al 2023, la corrupción ha generado al Perú pérdidas económicas   de hasta S/ 72,000 millones, según datos de la Contraloría General de la República, informó el presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Roberto De La Torre.

El ejecutivo del gremio detalló que solo en el último año, se perdieron S/ 24,000 millones, con los que se hubiera podido financiar la construcción de 50 hospitales, 1,600 modernos colegios o la creación de más de un millón de puestos de trabajo.

“Cuando los recursos del Estado se desvían a través de prácticas corruptas, el peor impacto lo reciben las poblaciones más vulnerables, puesto que se limita la inversión en infraestructura, salud, educación y otros sectores esenciales para el desarrollo”, expresó.

Según el último Índice de Percepción de Corrupción (IPC) de 2023, elaborado por Transparencia Internacional, el Perú cayó del puesto 101 al 121 desde el 2012, ubicándose en el tercio inferior de países más corruptos del mundo, compartiendo posiciones con Angola, Mongolia y Uzbekistán.

“Un país percibido como corrupto reduce significativamente la entrada de capital extranjero y aumenta los riesgos para los inversionistas”, agregó.

Programa de jóvenes para ser funcionarios públicos

Frente a ese escenario, De La Torre destacó la iniciativa “Semillero para futuros funcionarios y servidores públicos” de la Cámara de Comercio de Lima, cuyo objetivo es despertar en los jóvenes el interés de trabajar en el aparato estatal con el fin de mejorar los estándares del servicio para la ciudadanía.

La CCL ha logrado convocar a más de 450 universitarios con alto rendimiento académico y que formarán parte de un selecto grupo de 60 integrantes.

De La Torre señaló que el II Semillero representa para el gremio empresarial un aporte importante para contribuir a la lucha contra la corrupción, mal que genera retraso en la economía del país, desalienta la inversión, incrementa la pobreza y perjudica a las instituciones.

Por su parte, el presidente la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la CCL, Hernán Lanzara, destacó que el II Semillero los jóvenes  no solo aprenderán a ser mejores servidores públicos; sino también a ser “guardianes de la integridad y la justicia, para construir un futuro más equitativo y transparente”,

“En este espacio fortaleceremos los valores, la ética y el sentido de responsabilidad; forjaremos un compromiso inquebrantable con la transparencia y adquirirán una profunda conciencia en la toma de decisiones, pues como futuros funcionarios, tendrán un impacto directo en la vida de millones de personas”, manifestó.

Lanzara enfatizó que los jóvenes admitidos son la generación que puede redefinir lo que significa ser un funcionario público.

El pleno del Congreso de la República aprobó en primera votación el proyecto de ley 5464, impulsado por la congresista Nilza Chacón. Esta propuesta legislativa busca modificar la ley 29446, que declara la ejecución prioritaria del Proyecto Especial Chinecas, añadiendo acciones cruciales para la señalización y delimitación física de los terrenos que lo conforman.

El objetivo de esta modificación es proteger los terrenos de Chinecas, que durante años han sido vulnerados por invasiones debido a la falta de delimitación clara y efectiva La incorporación de hitos y otras formas de señalización busca garantizar la seguridad de los territorios y asegurar un resguardo adecuado del área destinada a este proyecto, considerando que Chinecas es uno de los proyectos más importantes para el desarrollo agrícola y económico de Ancash.

La congresista fujimorista Nilza Chacón destacó la importancia de esta ley para el futuro de Chinecas señalando que la delimitación física es un paso crucial para evitar invasiones y asegurar que este proyecto pueda avanzar en beneficio de los ancashinos.

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió la vacancia de 59 autoridades municipales y la suspensión de 11 autoridades entre regionales y municipales de diversas circunscripciones del país, entre el 1 de enero y 29 de agosto de este año.

En el primero de los casos, el máximo organismo electoral aprobó la vacancia de siete regidores provinciales, tres alcaldes distritales y 49 regidores distritales, de acuerdo con información proporcionada por la Secretaría General de la institución, a través del Sistema Integrado Jurisdiccional de Expedientes (SIJE).

La causa más recurrente por la que el Pleno del JNE aplicó esta sanción es ausencia injustificada a tres sesiones ordinarias consecutivas o seis no consecutivas durante tres meses (16 casos), seguida de 14 casos en los cuales se dejó sin efecto la credencial por no haber juramentado el titular.

Otras causas fueron fallecimiento (12 casos), nepotismo (4), por ejercer funciones o cargos ejecutivos o administrativos (4), por condena consentida o ejecutoriada por delito doloso con pena privativa de la libertad (3), entre otras.

Entre las autoridades vacadas figuran el alcalde distrital de Melgar (Umachiri, Puno) y el de Pion (Chota, Cajamarca), ambos con condena consentida o ejecutoriada por delito doloso con pena privativa de la libertad, así como la alcaldesa de Mórrope (Lambayeque), por infracción a las restricciones a la contratación.

Los cargos de los referidos burgomaestres, cuyo período de ejercicio es el de 2023-2026, fueron asumidos por el primer regidor hábil que sigue en su propia lista electoral, de acuerdo con la normativa vigente.

Suspensiones 

El supremo colegiado electoral resolvió, además, la suspensión de un consejero regional, tres alcaldes provinciales y siete alcaldes distritales.

Las causas más recurrentes invocadas para la separación temporal de estas autoridades son por el tiempo que dure un mandato de detención (5 casos), por sentencia judicial condenatoria emitida en segunda instancia por delito doloso con pena privativa de la libertad (4), por mandato firme de detención derivado de un proceso penal (1) e  incapacidad física o mental temporal (1).

Entre los suspendidos, se encuentran el consejero regional de Junín y el alcalde provincial de Trujillo,  ambos por sentencia judicial condenatoria emitida en segunda instancia por delito doloso con pena privativa de la libertad.

Igualmente, los alcaldes distritales de Yarabamba (Arequipa) y de Izcuchaca (Huancavelica), ambos por el tiempo que dure un mandato de detención, así como el burgomaestre provincial de Chumbivilcas (Cusco), por incapacidad física o mental temporal, entre otras autoridades.