Con una inversión de S/5.8 millones, entre agosto y setiembre de 2020 el Gobierno Regional de Áncash aprobó adicionales, ampliaciones y suspensiones para infraestructura de tres IOARR

La Contraloría General de la República determinó que dos exfuncionarios y dos exlocadores del Gobierno Regional de Áncash (GRA), en coordinación con consorcios contratistas y supervisores, actuaron de manera irregular en la implementación de ambientes covid-19 en los hospitales de nivel II-1 de Casma, Huarmey y Recuay durante la pandemia.

Las obras se ejecutaron mediante las intervenciones denominadas IOARR (Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición), que consistieron en la construcción de ambientes complementarios, adquisición de bombas de infusión, equipos de rayos x digital, camas clínicas rodables y otros activos en los tres establecimientos de salud mencionados, con una inversión de 5.8 millones de soles.

Sin embargo, las situaciones irregulares generaron retrasos hasta por 20 meses e impidieron la atención oportuna de miles de pacientes contagiados, agregó la entidad de control.

CONCLUSIONES DEL INFORME

Según reveló la auditoría de cumplimiento n.° 001-2024-2-5332, entre agosto y setiembre de 2020, tiempo en el que Juan Carlos Morillo Ulloa era el gobernador regional de Áncash, la entidad contrató directamente a tres consorcios para la ejecución del componente 1 (infraestructura) en los hospitales de apoyo de Casma, Huarmey y Recuay. Asimismo, para la supervisión contrató a dos consorcios (uno para Casma y otro para Huarmey) y a una empresa (IOARR Recuay).

El plazo de ejecución contractual era de 45 días calendario; sin embargo, pese a que las obras se requerían con urgencia para la atención de los pacientes contagiados, no fue cumplido por los consorcios contratistas y se extendió hasta después de la primera y la segunda ola de contagios de covid-19.

Con la finalidad de sustentar la demora, los consorcios KVC Contratistas SAC, Consorcio Huarmey, Consorcio H&M, en coordinación con los consorcios supervisores Consorcio Vaesco (IOARR Casma) y Consorcio VyC (IOARR Huarmey) y la empresa Jogama Consultorías y Construcciones Generales EIRL (IOARR Recuay) y los funcionarios y servidores del GRA tramitaron y aprobaron un adicional con deductivo vinculante para cada IOARR a fin de realizar mejoras en algunas partidas (cerco perimétrico, instalaciones sanitarias y eléctricas, cuartos de oxígeno y de residuos sólidos, caseta para grupo electrógeno, piso de porcelanato, etc.).

Asimismo, tramitaron y autorizaron ampliaciones de plazo y suspensiones de plazo que, bajo el contexto de la emergencia sanitaria, no correspondían efectuarse, incumpliendo de esa manera con el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

HOSPITAL DE HUARMEY 

De esa manera ocasionaron que la culminación de las obras contratadas directamente se retrase. Por ejemplo, la IOARR Huarmey se retrasó 601 días calendario, hasta el 11 de agosto de 2022. El adicional de obra que aplazó su terminación comprendía trabajos que no se justificaron técnicamente (cambio de piso vinílico por cerámico de alto tránsito y del cerco métalico por muro de material noble), entre otras partidas innecesarias en el contexto del crecimiento exponencial de contagios y fallecidos por covid-19 en dicha provincia.

HOSPITAL DE RECUAY 

El 31 de agosto de 2021 se culminaron los trabajos en la IOARR Recuay, donde la irregular suspensión de la obra se aprobó sin establecer un límite de plazo, hecho que contribuyó a que el contratista la culmine en 344 días, cuando debió hacerlo en 45 días.

Si bien algunos adicionales fueron necesarios (instalaciones sanitarias y redes eléctricas), la Contraloría consideró que los cambios del piso vinílico y super board (placas de cemento) no eran prioritarios, considerando la urgencia del uso de los ambientes para atender a los infectados por covid-19.

HOSPITAL DE CASMA 

Mientras tanto, a la fecha de la emisión del informe, la infraestructura de la IOARR del Hospital San Ignacio Casma permanece en situación de “entregada de manera parcial”, sin estar liquidada. Durante el desarrollo de la auditoría, se identificó el incumplimiento de especificaciones de los planos del expediente técnico en cuanto a las tuberías para bajada de drenaje pluvial, metrados de las correas metálicas de las pendientes de los techos, puerta de ingreso de área de hospitalización y fisuras en las paredes de drywall.

Al respecto, la comisión auditora indicó que corresponde al GRA deducir el monto de 13 476 soles de la liquidación de contrato de obra por metrados no ejecutados, así como la aplicación de penalidades por los conceptos de demora en la presentación de cronogramas contractuales y retraso injustificado por un monto ascendente a 194 mil soles.

RESPONSABILIDADES

La Contraloría estableció responsabilidades en los ex gerentes regionales de Infraestructura Pedro Miguel Velezmoro Sáenz y Edwin Joel Pajuelo Cruz, y en los exlocadores Rodrigo Caamaño Malo (IOARR Casma y Huarmey) y Consuelo Jaramillo Henostroza (IOARR Recuay).

Asimismo, señala a los siguientes terceros partícipes: Christian Felipe Carrión Buchhammer, gerente general de KCV Contratistas SAC; Jeyson Javier Escalante Aranda, representante común del consorcio Vaesco; Artemio Ñañez Meza, representante del Consorcio Huarmey; Julio Octavio Montoya Infante, representante del Consorcio V&C; Eduardo Franklin Vásquez Huamán, representante del Consorcio H&M, y José Gabriel Guerra, representante de Jogama Consultorías y Construcciones Generales EIRL.

SIN LINEAMIENTOS INTERNOS

Adicionalmente, el informe determinó que la Subgerencia de Estudios de Inversiones del GRA no cuenta con lineamientos internos orientados a la elaboración y aprobación de expedientes técnicos de IOARR en circunstancias de emergencia, situación que podría generar el riesgo de que estas, desde su formulación hasta la aprobación de los expedientes técnicos, no se aprueben de manera oportuna.

El informe de auditoría fue elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) del GRA y corresponde al periodo de evaluación del 10 de setiembre de 2020 al 23 de setiembre de 2022. Fue cursado al actual gobernador regional Koki Noriega Brito y a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios para iniciar la acción penal contra los funcionarios y servidores comprendidos en el informe de auditoría