Con 450 UIT (S/ 2 317 500) sancionó a la empresa de Transportes Fama Tours S.A.C. la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en Áncash (ORI Chimbote), en primera instancia administrativa, por exponer a un riesgo injustificado a sus pasajeros y no adoptar las medidas necesarias para evitar un accidente que dejó como saldo dos pasajeros fallecidos y 53 heridos.

La decisión de dicho grupo de trabajo, Resolución Final Nº 0191-2024/INDECOPI-CHT, sostiene que el proveedor infringió el artículo 25° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, el cual establece que los productos o servicios ofertados en el mercado no deben conllevar, en condiciones de uso normal o previsible, un riesgo injustificado o no advertido para la salud o seguridad de los consumidores o sus bienes.

Como se recuerda, el 25 de junio de 2022, un bus de la empresa sancionada se despistó y volcó en la carretera Piscobamba-Pomabamba (Áncash) cuando se dirigía desde esta última localidad hacia Lima, resultando dos muertos y 53 heridos.

Las investigaciones preliminares estuvieron a cargo de la Oficina Regional del Indecopi en Áncash sede Huaraz, debido a la cercanía al lugar de los hechos, la que derivó lo actuado a la Comisión de la ORI Chimbote. Finalmente, este órgano resolutivo determinó la responsabilidad administrativa de la citada empresa, en el contexto de sus atribuciones.

La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) recuperó en noviembre el manejo y administración de 315,444.68 m2 de terrenos estatales ubicados en las zonas costeras estratégicas como la Caleta Las Gramitas (Áncash), Pimentel (Lambayeque) y Punta Lomitas (Ica).

La SBN, entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ejecutó estas acciones bajo el mecanismo de recuperación extrajudicial amparado en la Ley N°30230, que le permitieron desalojar predios ocupados sin necesidad de recurrir a procesos judiciales.

En la Región Áncash, en la provincia de Casma, la SBN recuperaron ocho predios con 7,400.53 m² de terrenos en total, ubicados en la Caleta La Gramita. Se encontraron estructuras recientes para el comercio no autorizado de alimentos y bebidas. 

Las diligencias se desarrollaron de forma pacífica y en coordinación con la Policía Nacional del Perú de las comisarías de las localidades afectadas. Todo lo encontrado fue retirado con apoyo especializado. 

La superintendencia recuerda a la ciudadanía la importancia de denunciar a quienes promuevan o lucren con la invasión de predios del Estado, ya que estas acciones son sancionadas conforme a la ley.

La SBN es un organismo público ejecutor que se encarga de normar y supervisar los actos de adquisición, disposición, administración y registro de los predios estatales, así como de brindar capacitación y orientación legal a las entidades para el mejor aprovechamiento de los predios del Estado.

El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) viene siendo usado como herramienta legal por los mineros ilegales para delinquir, sostuvo Fernando Castillo, miembro del Comité Organizador de Perumin 37.

La minería ilegal continúa expandiéndose en nuestro país y, por ahora, no hay impedimento para que deje de hacerlo. Además, de afectar la industria minera formal en La Libertad, Puno, Apurímac y Cajamarca; aumentar los indicadores de inseguridad ciudadana y la criminalidad organizada, viene depredando nuestra flora y fauna.

Un estudio de la Universidad del Pacífico, al que accedió el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), reveló que esta economía ilegal opera hoy, de manera impune desde el 2015, en 18 áreas nacionales protegidas de 12 regiones del país.

Se trata del Parque Nacional Huascarán (Áncash), Parque Nacional Río Abiseo (La Libertad), Parque Nacional Bahuaja Sonene (Madre de Dios), Parque Nacional Cerros de Amotape (Tumbes), Parque Nacional Tingo María (Huánuco), Santuario Nacional Pampa Hermosa (Madre Dios), Reserva Nacional Tambopata (Puno), Reserva Nacional Allpahuayo Mishana (Loreto), Reserva Nacional San Fernando (Ayacucho) y Reserva Nacional de Tumbes.

La lista, del estudio denominado “Indicadores para entender el impacto de las economías ilegales en el Perú”, la complementan la Reserva Nacional de Junín, Reserva Nacional de Lachay (Lima), Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas (Lima), Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi (Arequipa), Reserva Comunal El Sira (Ucayali), Reserva Comunal Amarakaeri (Madre de Dios), Zona Reservada Santiago Comaina (Amazonas), y Parque Nacional Yaguas (Loreto).

Al respecto, Fernando Castillo, miembro del Comité Organizador de PERUMIN 37, comentó, que, en efecto, la minería ilegal opera en el país principalmente en áreas o zonas protegidas, pese a que no se puede realizar minería formal.

El experto sostuvo, en Canal Ya, que hay que distinguir a los mineros artesanales de los ilegales, debido a que estos últimos no desean formalizarse y están vinculados a delitos conexos como el lavado de activos, sicariato, trata de personas y organización criminal.

Asimismo, destacó que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) -que el Parlamento se alista a extender hasta por dos años más -viene siendo usado como herramienta legal por los mineros ilegales para delinquir, debido al Decreto Legislativo N° 1351 que exime de responsabilidad penal con tan solo el hecho de aspirar a ser un minero formal.

“No se está midiendo la real magnitud de lo que de lo que ha significado como avance y posicionamiento de la minería ilegal en el Perú. Ya no estamos hablando de manera informal y del proceso formalización. A nivel del país y del Estado la discusión se está dando todavía en los procesos de formalización y el Congreso ha aprobado normas vinculadas a ir por el lado de la formalización, cuando está demostrado que ya no es el problema principal”, concluyó.