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Comisión de Ética del Congreso arrojó al tacho 22 informes técnicos

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Un total de nueve informes finales que recomendaban sanción y otros 13 de calificación que sugerían avanzar con las investigaciones fueron desestimados pese a las contundentes evidencias. “Mochasueldos”, contratos de parejas sentimentales y sobornos fueron objeto de blindajes

La Comisión de Ética -que integran 16 congresistas-, lejos de aprovechar la gran oportunidad de cambiar la alicaída imagen del Congreso, lo único que ha logrado hasta la fecha es que la frase “otorongo no come otorongo” se mantenga más vigente que nunca.

Una revisión encontró que al menos 22 informes que recomendaban investigar (de calificación) o sancionar (final) a legisladores, el grupo de trabajo salvó a sus colegas de afrontar procesos o ser castigados por infringir el Código de Ética Parlamentario.

Es decir, el grupo arrojó los trabajos técnicos al tacho de basura.

Del total de casos revisados, trece informes de calificación fueron enviados al archivo pese a que el equipo técnico de la comisión recomendó investigar a los legisladores.

De igual forma, otros nueve informes finales fueron modificados el día de la votación para evitar que los infractores afronten sanciones de hasta 120 días de suspensión con descuento de sus haberes. Todo ello pese a que los especialistas técnicos de la comisión opinaron a favor del castigo.

ESCÁNDALO.

Uno de los casos más polémicos fue el que afrontó Magaly Ruíz (Alianza para el Progreso), el 1 de marzo de 2023, cuando se convirtió en la primera congresista en ser denunciada por “mochasueldo”. Ese día, su extrabajador Carlos Augusto Marina la acusó de realizar recortes salariales a empleados del despacho.

La Comisión de Ética tomó el caso e indagó algunos meses posteriores hasta que encontró serios indicios del delito.

En el informe final, la recomendación era una: Suspender a Ruíz por 120 días.

Sin embargo, cuando el tema fue debatido, se cambiaron las conclusiones por una amonestación pública y descuentos de sus haberes por un mes. Lo anecdótico fue que la legisladora quiso pagar su multa en cuotas.

Terminado este caso, otra denuncia similar se escribió con Rosío Torres, de la misma bancada (APP).

La parlamentaria también fue acusada de recortes salariales. Al respecto, la Comisión de Ética abrió de oficio la denuncia. No obstante, cuando el informe concluyó que Torres era responsable del caso y planteó suspenderla por 120 días, todos se opusieron.

Al momento de debatirse el informe, Cheryl Trigozo planteó una cuestión previa para modificar la sanción y logró que, en lugar de que se apruebe la suspensión, solo afronte una amonestación pública.

MÁS CASOS.

La primera semana de marzo de 2023, otro escándalo remeció el Parlamento. Esta vez tuvo como protagonista a Heidy Juárez, una acusada más de recortarle el sueldo a sus trabajadores. Al igual que en los anteriores, el informe del caso sugirió que la infractora sea suspendida sin goce de haber por 120 días.

Así, todo parecía encaminado hasta que a la hora de la votación, se modificó la sanción por una amonestación pública con 30 días de multa de su remuneración.

De igual modo, Katy Ugarte, también acusada de ser “mochasueldo”, fue beneficada descaradamente por sus colegas luego que un informe técnico considerara lo contrario.

La parlamentaria iba a ser castigada con un texto que fundamentaba una suspensión de 30 días, pero Esdras Medina, integrante de Ética, formuló una cuestión previa para imponerle solo una amonestación al considerar que la propuesta de castigo era “desproporcionada”.

SIN VERGÜENZA.

En la lista también se encuentra Jorge Flores Ancachi (Acción Popular). Un informe lo acusó de haber sobornado a un periodista de nombre Liubomir Fernández Fernández con 100 soles con el propósito de que este no entrevistara a su colega Carlos Zeballos en su paso por Puno.

El hombre de prensa grabó todo el diálogo: “Con quién crees que estás tú para darme dinero”, le increpó el periodista.

El informe final recomendó sancionar a Flores Ancachi con una suspensión en el ejercicio del cargo y descuento de sus haberes por 30 días, pero fue desaprobado en la sesión ordinaria. La votación fue 4 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones.

En este recuento también está el legislador Luis Kamiche. En julio del 2022 se reveló que el parlamentario, que llegó al Congreso con Perú Libre, contrató a Katherine Marita Cruz como asesora de nivel 1 con un sueldo de 12 mil soles.

De acuerdo con Panorama, existía un romance entre ambos.

El informe final -que sugería suspenderlo por 30 días- fue desaprobado por mayoría el 21 de noviembre de 2022.

La postura de arrojar al tacho de basura lo que recomiendan los informes también favoreció al presidente del Congreso, Alejandro Soto. Un informe de calificación recomendaba investigar a Soto por recortarle el sueldo a su personal y utilizarlos como para atacar mediante las redes sociales a sus rivales políticos. El caso es conocido como “Fábrica de Trolls”. No obstante, el informe de calificación fue desaprobado por la mayoría el 2 de octubre del 2023. E. RIVERA.

 

 

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Perú

Mayoría de bancadas respaldaron aumento de asignación por función congresal

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Los parlamentarios demuestran que cuando se trata de sus intereses económicos no hay diferencia ideológica que valga. Diez de las 11 bancadas avalaron el aumento y no darán marcha atrás. Mientras tanto, el titular del Legislativo, Alejandro Soto, sigue mudo.

Cuando hace aproximadamente cuatro meses le llegó al presidente del Congreso, Alejandro Soto, el reiterado pedido de los voceros de distintas bancadas para que se haga un reajuste en la asignación por función congresal —ya lo habían formulado el año pasado durante la gestión de José Williams—, este respondió que la medida procedería siempre y cuando la solicitud fuera formalizada por escrito.

Con una desaprobación del Parlamento de 82%, según Ipsos, Soto, dicen, era consciente de la batahola que desataría entre la población el aumento de S/3,382. Y es que gracias a este dadivoso incremento, el ingreso bruto de cada legislador se elevará a S/29,400 mensuales. Fue por eso que reclamó el aval de las diferentes tiendas políticas.

Ni cortos ni perezosos, los portavoces pusieron manos a la obra, y el 5 de enero oficializaron su requerimiento alegando que lo que querían era “cumplir a cabalidad” sus funciones congresales. Se procedió entonces a la elaboración del sustento técnico y legal de la medida y finalmente, el último lunes 22, la Mesa Directiva del Parlamento aprobó el acuerdo.

El último lunes, luego de que se hiciera de conocimiento público el aumento, varios parlamentarios salieron a decir que desconocían el asunto, algunos le achacaron la responsabilidad a la Mesa Directiva y otros tantos, incluso, se mostraron a favor de que se reconsidere el asunto. Rosselly Amuruz, tercera vicepresidenta del Congreso, dijo que la medida respondía a un pedido de las bancadas, no las identificó, pero sí se apuró en decir que su grupo Avanza País no había firmado. Medias verdades.

Lo cierto es que, como lo confirma el oficio enviado a Alejandro Soto ese 5 de enero, y al que la prensa limeña tuvo acceso, diez de las once bancadas avalaron la solicitud, pero solo ocho la suscribieron. No lo hicieron Podemos Perú ni Avanza País, pero fuentes legislativas aseguran que sí manifestaron su total respaldo a la medida.

Las que sí firmaron fueron Alianza para el Progreso, Bloque Magisterial, Renovación Popular, Acción Popular y Perú Bicentenario. También Perú Libre, Fuerza Popular y Somos Perú, estas tres últimas a través de sus voceros Margot Palacios, Nilza Chacón y Héctor Valer, respectivamente, como consta en el documento. El único grupo que se mantuvo al margen es Cambio Democrático-Juntos por el Perú. “Jamás he recibido algún tipo de documento que acuerde un incremento salarial, esto demuestra que se aprueban las cosas entre bambalinas”, dijo ayer la vocera del grupo Sigrid Bazán.

Se entiende ahora por qué en la Junta de Portavoces de ayer, su pedido para que el tema sea discutido en el Pleno del Congreso fue rechazado de plano aduciendo que se trata de un tema administrativo. En consecuencia, no habrá marcha atrás.

Martín Cabrera, abogado y consultor en gestión pública, opinó que el aumento por función congresal “debería evaluarse bajo criterios eminentemente técnicos que respondan a una evaluación sobre el desempeño de la función legislativa, de fiscalización y de representación. “Yo estoy de acuerdo con que se evalúe cuánto debe ganar un congresista como sueldo; con lo que no estoy de acuerdo es con la forma cómo se está tomando la decisión hoy”, sostuvo.

Por su parte, el ex oficial mayor del Congreso César Delgado-Guembes cuestionó que se pretenda justificar el aumento en función a cuánto se gana en otras instituciones. “Tampoco utilizaría la comparación con el sueldo mínimo porque el Congreso quedaría peor parado. La pregunta es qué servicios nuevos o mejores han sido optimizados como consecuencia de lo cual, por rendimiento del Congreso, se justificaría este tipo de aumento”, subrayó.

El Congreso gastará poco más de 14′648,000 soles en la renovación de sus servicios higiénicos. Las contrataciones para la ejecución de las obras se harán por adjudicación directa.

Compra directa. Por acuerdo de la Mesa Directiva se comprarán bienes para implementar los ambientes del nuevo local para el servicio médico y equipos de aire acondicionado; en ambos casos también por adjudicación directa. P. QUISPE.

 

 

 

 

 

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Perú

Daniel Najarro, de Comex: «Que 7 de cada 10 peruanos operen en la informalidad es un problema que nos destaca como pésimo ejemplo a nivel regional»

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En diálogo con RPP, Daniel Najarro, de ComexPerú, explicó que este problema «nos destaca como pésimo ejemplo a nivel regional». Además, señaló que un estudio reveló que 7.7 millones de peruanos no tienen trabajo al cierre del 2023.

El analista de Estudios Económicos de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), Daniel Najarro, señaló que en el 2023 cuatro de cada diez peruanos recibieron ingresos menores al salario mínimo (S/1 025).

“Debido a la falta de productividad que se tiene y la alta presencia de informalidad, cuatro de cada 10 peruanos no alcanzan un sueldo que supere o siquiera cumpla con el sueldo mínimo”, dijo en una entrevista con el programa Economía para todos de RPP TV.

El economista indicó, en estricto, que 7,7 millones de connacionales percibieron sueldos inferiores a la remuneración mínima vital vigente. En contraste, cerca de 10 millones de personas que laboran, ya sea en el sector informal o formal, ganan más de S/1 025 soles.

Najarro Salazar explicó que el año pasado el Perú fue afectado severamente por la contracción económica. “A nivel nacional se perdieron 156 000 puestos de trabajos”, expresó, y enfatizó que el problema más grave por la falta de crecimiento fue el aumento de la desigualdad en el mercado laboral.

El analista también arguyó que unos 600 000 empleos informales se redujeron, un hecho que, enfatizó, no estuvo acompañado de la creación de puestos de trabajo formales. “Lo que hubo, sobre todo, es la escasez de empleo para aquellos trabajadores más vulnerables”, apuntó.

Daniel Najarro advirtió que se registrando un incremento de la inactividad. “No están trabajando y no están buscando empleo”, sostuvo. Esta condición afectó el 2023 a 7,7 millones de personas; es decir, medio millón de personas más en comparación al 2022.

De esa cifra, 2,4 millones reportaron querer trabajar, “pero no lo hicieron por diversas limitaciones”. “He saquí el problema, porque, en un mercado verdaderamente competitivo, toda persona que quiera trabajar debería encontrar un trabajo decente”, refirió.

Condiciones laborales actual en el Perú

En ese hilo conductor, el economista hizo hincapié en el hecho de que el “mercado laboral peruano continúa enfrentado severos problemas de calidad y competitividad”.

“La tasa de informalidad si bien se disminuyó estadísticamente (del 74% a 71.1%) no fue un verdadero progreso. Detrás de eso está, en realidad, que las condiciones siguen siendo nefastas. Que siete de cada diez peruanos operen en la informalidad es un problema muy grave y que nos destaca como pésimo ejemplo a nivel regional”, reprochó.

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Doce de los 24 departamentos del Perú empeoraron sus condiciones laborales en el 2023

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En 17 de ellos es más difícil encontrar empleo como consecuencia del deterioro del mercado laboral, de acuerdo con el Índice de Condiciones Laborales 2023 de ComexPerú.

Las condiciones laborales de los trabajadores peruanos empeoraron del 2022 al 2023. Así lo revela el Reporte de Desempeño del Mercado Laboral Peruano 2023, elaborado anualmente por ComexPerú.

Cuatro de cada diez trabajadores peruanos perciben menos de la Remuneración Mínima Vital (7.6 millones). En Puno, Huancavelica y Cajamarca, la proporción aumenta a 7 de cada 10.

Si bien la informalidad se redujo de 74% a 71.1% del 2022 al 2023, este “progreso” se debió a la pérdida de más de 600 mil empleos del sector informal. Solo en el sector agropecuario se perdieron más de 328 mil empleos informales. En 16 de los 24 departamentos se perdieron empleos, siendo Cajamarca el más afectado con una pérdida neta de más de 59 mil puestos de trabajo.

En 9 de 11 sectores se incrementó la brecha salarial entre trabajadores formales e informal. Así, el salario promedio del sector informal es casi un tercio del salario promedio del sector formal, aún menos que en años anteriores.

Índice de condiciones laborales

En la última actualización del Índice de Condiciones Laborales 2023 de ComexPerú se reveló que 12 de los 24 departamentos del Perú empeoraron sus condiciones laborales de un año a otro. El Índice —que mide el acceso al mercado laboral, la calidad del entorno de trabajo y los beneficios laborales promedio de cada departamento— mostró que Ica es el departamento con el mercado laboral más competitivo, gracias al alto porcentaje de empleos formales en el sector agrario. Por su parte, Puno presenta el peor mercado laboral a nivel nacional.

Además, en 17 departamentos es más difícil encontrar empleo, como consecuencia del deterioro del mercado laboral.

 “Los resultados enfatizan la importancia detrás del desarrollo del sector agropecuario formal, principal empleador a nivel nacional. Además, es necesario simplificar el proceso de formalización mediante la creación de ventanillas únicas y la digitalización de procesos administrativos. Se requiere un diálogo abierto y transparente entre las autoridades y el sector privado”, señaló Daniel Najarro, analista de estudios económicos de ComexPerú.

 

 

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