El Gobierno de Donald Trump ha revocado las protecciones migratorias a las que accedieron más de 300 mil venezolanos, según informó este domingo The New York Times; con lo cual dichos ciudadanos quedan expuestos a posibles deportaciones a su país de origen, en los próximos meses. 

Según el referido medio, documentos gubernamentales a los cuales accedieron revelan que Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, autorizó dicha disposición este fin de semana alegando que el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) «ya no es necesario» pues no sirve a los intereses nacionales de Estados Unidos (EE.UU.).

Cabe destacar que el TPS es un beneficio migratorio temporal establecido por el Gobierno norteamericano para las personas de ciertas nacionalidades que no pueden retornar a sus países de origen de forma segura, debido a un conflicto armado en curso, un desastre natural o alguna otra situación extraordinaria de carácter temporal. 

El Estatus de Protección Temporal se otorga por plazos que van de 6, 12 a 18 meses y pueden ser extendidos si el país de procedencia continua en las condiciones que lo originaron, mas no implica la ciudadanía norteamericana.

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Cambios inmediatos

Según The New York Times, la administración de Trump ha dispuesto que los venezolanos que recibieron el TPS en 2023 pierdan su estatus temporal 60 días después de que se publique el respectivo aviso de terminación, siendo que más de 300 mil venezolanos tienen TPS hasta abril de este año. 

Asimismo, otro grupo de más de 250 mil venezolanos tienen esta protección hasta septiembre, y aunque no se verán afectados con la reciente decisión gubernamental, podrían estar en riesgo de perder esa condición en un futuro próximo.

El reportaje señala que, durante el primer mandato de Trump, ya se había emprendido una ofensiva similar contra el programa de protección, lo cual pudo haber afectado a migrantes de Sudán, El Salvador y Haití, entre otros. Sin embargo, los tribunales federales permitieron que los afectados de El Salvador y Haití mantuvieran su estatus durante 12 a 18 meses antes de que finalizara. En esta ocasión, Trump ha dispuesto que los cambios sean más inmediatos. 

Vale resaltar que el pasado 17 de enero, poco antes de asumir Trump, el gobierno de Joe Biden extendió 18 meses más las protecciones para más de 600 mil venezolanos que accedieron al programa, en vista de la situación política y social originada por la permanencia de Nicolás Maduro en el poder, en medio de acusaciones de fraude.

Sin embargo, el último martes, Kristi Noem revocó la medida alegando que la extensión no debería permanecer en vigencia «dado el período extremadamente breve» desde que se emitió.

La cantidad de inmigrantes venezolanos que accedieron al TPS se incrementó drásticamente durante la admistración de Biden. Según datos del Servicio de Investigación del Congreso, citados por The New York Times, más de un millón de personas tenían el estatus hasta fines del año pasado.

La influencia china en la zona del canal de Panamá «es una amenaza a la seguridad nacional» de Estados Unidos y de América Latina, afirmó este viernes un alto cargo estadounidense.

Estados Unidos considera un peligro el puente que empresas chinas están construyendo a través del canal de Panamá y el hecho de que controlen los puertos en cada extremo.

«Esa influencia china es real y no solamente es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, sino también a la de Panamá propia y a la de la región», declaró en rueda de prensa el enviado especial de Estados Unidos para la región, Mauricio Claver-Carone.

Panamá será, el sábado, la primera etapa de una gira del jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, quien también viajará a Costa Rica, El Salvador, Guatemala y República Dominicana.

Tensión por el Canal de Panamá

Llegará en medio de fricciones diplomáticas después de que el presidente Donald Trump dijera que quiere «recuperar» el control del canal de Panamá porque cree que está bajo influencia china. No descarta el uso de la fuerza para conseguirlo.

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«El mantenimiento del canal no ha sido adecuado», se quejó Claver-Carone, y añadió que «no es verdad» que los problemas logísticos se deban al aumento de los precios o a las consecuencias del cambio climático.

Washington estaría dispuesto a colaborar para solventarlos «pero no si nos cobran porque al fin y al cabo es para el bien de todos», apuntó.

«Básicamente la seguridad del canal recae sobre Estados Unidos y Panamá» y que cobren «por nuestros buques militares navales» para cruzar la vía intraoceánica «es el colmo de los males», estimó.

Claver-Carone confirmó que Rubio abordará este tema porque «es un activo estratégico clave» que entra dentro de los planes de Trump.

El magnate se ha propuesto revertir la influencia China y devolver una «edad de oro» a Estados Unidos durante su segundo mandato.

«Si el siglo XXI, al igual que el siglo XX, va a ser un siglo americano, y la edad de oro de las Américas, ese activo estratégico no puede estar bajo el control» de China, insistió Claver-Carone.

El jueves el presidente panameño José Raúl Mulino descartó negociar sobre este tema.

«Yo no puedo negociar, y mucho menos abrir un proceso de negociación sobre el canal, eso está sellado, el canal es de Panamá», dijo.

Claver-Carone afirmó que Mulino no es el culpable del problema sino el expresidente Juan Carlos Varela, por lo que calificó de «entreguismo» de Panamá a los intereses políticos chinos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó este miércoles su primera ley desde que regresó al poder, una medida que permite a las autoridades migratorias detener a extranjeros en situación irregular dentro del país que hayan cometido robos u otros delitos menores antes de que sean condenados.

Trump rubricó la ley en la Casa Blanca ante un centenar de invitados, entre ellos familiares de Laken Riley, una joven asesinada por un migrante indocumentado cuya muerte inspiró la legislación.

«Estados Unidos nunca olvidará a Laken Riley», afirmó Trump, quien aseguró que el migrante que la asesinó, procedente de Venezuela, debería haber sido deportado.

«En lugar de ser expulsado, como debería haber ocurrido, fue liberado en EE.UU., al igual que millones de otras personas, muchas de ellas muy peligrosas, pero ya ven lo que estamos haciendo: los estamos sacando de aquí», subrayó.

Durante su discurso, Trump relató la historia de Laken Riley, cuyo nombre lleva la norma: Riley era una estudiante de enfermería de 22 años que fue asesinada en el estado de Georgia en febrero de 2024 por un inmigrante venezolano indocumentado, José Ibarra.

Ibarra residía de manera irregular en EE.UU. y había sido arrestado por un delito menor de hurto en tiendas, pero se le permitió permanecer en el país mientras su caso migratorio estaba en proceso. Fue declarado culpable del asesinato de Riley a finales de 2024 y cumple cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Su muerte avivó el debate sobre la inmigración en la recta final de las elecciones de noviembre de 2024, en las que la candidata demócrata y entonces vicepresidenta, Kamala Harris, perdió frente a Trump, quien había prometido las mayores deportaciones en la historia del país.

Norma aprobada en el Congreso

La iniciativa que ha firmado Trump fue aprobada el pasado 22 de enero por la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, con el respaldo casi unánime de esa bancada -excepto un legislador que no votó- y el apoyo de 46 congresistas demócratas.

La ley también recibió el visto bueno del Senado, donde los republicanos tienen mayoría, con el respaldo de 12 senadores demócratas, pese a la oposición de activistas por los derechos de los inmigrantes, tradicionalmente alineados con el Partido Demócrata.

Organizaciones de derechos civiles e inmigrantes alertaron de que la ley elimina el debido proceso para acusados de delitos no violentos.

Los arrestos contemplados en la nueva legislación incluyen hurtos menores en supermercados o tiendas y los detenidos pasarán a estar bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El texto también autorizará a los fiscales generales de los estados del país intervenir en las decisiones de política migratoria del Gobierno federal. Entre las nuevas potestades, se les permitirá forzar al Departamento de Estado a no conceder más visas a los ciudadanos de países que no acepten deportaciones de Estados Unidos.

Según los cálculos de medios estadounidenses, el Gobierno necesitaría gastar más de 3.000 millones de dólares adicionales y aumentar la capacidad de detención de migrantes a más de 60.000 camas para poder aplicar esa ley.

Trump puso la migración en el foco de su campaña y ha presionado a las agencias gubernamentales competentes para imponer una cuota de arrestos diarios mínimos por agente y subir la cifra total de detenciones a entre 1.200 y 1.500 al día.