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Contraloría evalúa información de Declaraciones Juradas presentadas por la presidenta de la República

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La Contraloría General de la República inició la semana pasada un servicio de recopilación y evaluación de la información consignada en las Declaraciones Juradas de Ingresos, de Bienes y Rentas presentados por la Presidenta de la República en el periodo comprendido entre febrero de 2022 y febrero de 2024, anunció el contralor general, Nelson Shack, durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría.

Shack indicó que esta evaluación se inició luego de conocerse diversas denuncias públicas que evidenciarían la posesión de relojes de alta gama y ya se procedió a notificar a los distintos actores involucrados, entre ellos figura la misma Presidenta de la República para que brinde información respecto a qué es lo que ha pasado con la información contenida en sus declaraciones juradas.

En ese sentido, exhortó a todos los notificados de la investigación de la Contraloría, ya sean funcionarios públicos como representantes del sector privado, para que contesten los requerimientos de información de manera célere, con la finalidad de cerrar la investigación y culminarla lo más pronto posible.

El contralor recordó que las declaraciones juradas del período 2021, que presentó la actual Presidenta de la República, ya fueron fiscalizadas por parte de la Contraloría General cuando ocupaba el cargo de Ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Sin embargo, añadió que en el Informe de Fiscalización Específica N° 005 -2022-CG/FIS-FEDJ sí se determinó el impedimento para contratar con el Estado por parte de dos de sus familiares (hermano y cuñado), lo cual fue comunicado al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), entre otros aspectos.

Obras paralizadas

Otro tema abordando en la Comisión de Fiscalización y Contraloría fue la situación de las obras públicas paralizadas, donde Shack Yalta indicó que este tema representa una “enorme preocupación” para la Contraloría General, ya que suman un total de 2205 al 31 de enero del presente año y su costo actualizado asciende a S/ 26 262 millones, de los cuales existe un saldo de inversión pendiente de ejecutar por S/ 13 393 millones.

“Casi el 75% de las obras paralizadas tienen un valor igual o menor a S/ 5 millones. Muchas de estas obras tienen hasta más de diez años de estar paralizadas y por eso es necesario priorizar técnicamente a aquellas que se van a reactivar”, manifestó.

En ese sentido, manifestó que la Contraloría General está impulsando mesas técnicas de trabajo con autoridades de seis regiones (Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huánuco y Ucayali) que están interesadas en destrabar las obras públicas paralizadas ubicadas en sus respectivas jurisdicciones.

“Si hacemos bien el trabajo todos los actores del Estado, yo estimo que por lo menos el 30% de las obras paralizadas deberían reactivarse y terminarse, porque la idea no es trabajar para reactivar una obra y que el próximo año vuelvan a paralizarse”, añadió. En ese sentido, proyectó que durante el segundo semestre se verá la reactivación de algunas obras paralizadas, y a las cuales se aplicará el control concurrente de la Contraloría para asegurar que se culminen bien.

Gasto en consultorías

En la agenda de la Comisión de Fiscalización también se abordó el tema de las consultorías contratadas en el Estado, y al respecto, el titular de la Contraloría señaló que se ha visto un “abuso” en el gasto público realizado en este rubro durante los últimos tres años.

“En realidad, en consultorías se gastan más de S/ 16 mil millones en un año, pero hay consultorías que son buenas, pero también hay de las otras. Frente a esta problemática, el Congreso aprobó la Ley N° 31559 que crea el Registro para el control de contratos de consultorías en el Estado”, indicó.

Asimismo, precisó que gran parte de las consultorías contratadas por el Estado son de personas naturales y son contrataciones menores a 8 UIT. “El año pasado se han ejecutado más de 3.7 millones de contratos a personas naturales y jurídicas por menos de 8 UIT”, agregó.

Durante su exposición, Shack detalló que en el segundo trimestre del 2024 se iniciará el megaoperativo nacional a la contratación de las consultorías en el Estado y se culminaría en el tercer trimestre.

“Por niveles de gobierno, durante el 2023, vemos que se han gastado más de S/ 3200 millones en consultorías del Poder Ejecutivo y en otros poderes del Estado se gastó S/ 270 millones, mientras que en las universidades públicas otros S/ 386 millones, en gobiernos regionales otros S/ 1439 millones y más de S/ 3400 millones en gobiernos locales. Ese es el marco de referencia para entender qué es lo que está pasando con la cantidad de recursos que se destinan a estas consultorías, pero no se trata de satanizarlas, ya que son necesarias, pero hay que separar la paja del trigo”, puntualizó.

Finalmente, reveló que es preocupante el crecimiento de estos gastos en consultorías, ya que en el año 2019, las consultorías representaban el 13% (S/ 5 669 millones) del total de las contrataciones del Estado y eso aumentó al 28% (S/ 16 248 millones) en el 2023.

El Contralor General también fue convocado a la Comisión de Fiscalización y Contraloría para exponer sobre otros temas tales como el control al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) del OSCE, los servicios de control a la COVID-19 y al dengüe, así como para explicar la estimación de la corrupción y la inconducta funcional 2023.

 

 

 

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Retiro CTS 2024 | ¿tus fondos pueden verse afectados si tienes una deuda por alimentos? | Compensación por Tiempo de Servicios

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Luego de que el Poder Ejecutivo aprobara este domingo el Reglamento de la Ley Nº 32027, que autoriza a los trabajadores el retiro del 100% del monto que corresponde a la compensación por tiempo de servicios (CTS), han surgido una serie de dudas respecto de los plazos y situaciones extraordinarias que podrían enfrentar quienes están dispuestos a hacer uso de su dinero.

La norma publicada en el diario El Peruano, a través del Decreto Supremo 003-2024-TR, indica que los trabajadores podrán retirar parcial o totalmente el monto disponible de la CTS.

No obstante, este retiro debe ser solicitado preferentemente por canales digitales a fin de que la entidad financiera pueda realizar el desembolso correspondiente.

¿Hasta cuándo hay plazo para retirar la CTS?

De acuerdo con lo estipulado con el Gobierno, mediante la dirección del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el plazo fijado para el retiro total o parcial de la CTS vence el 31 de diciembre del presente año.

Cabe destacar que dicho retiro tiene carácter de extraordinario, por lo que se efectúa por única vez; es decir, su aprobación no implica que se podrá hacer uso de esta facultad en los próximos años.

¿Quiénes pueden retirar la CTS?

Están facultados para hacer efectivo el retiro total o parcial de la CTS los trabajadores del sector privado que se encuentran comprendidos dentro de los alcances del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 650, Ley de Compensación por Tiempo de Servicios. Ello, independientemente del régimen laboral al que estén sujetos.

Además, también podrán acceder los trabajadores de empresas del Estado sujetos al régimen laboral del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral,.

Del mismo modo, comprende a los servidores civiles de entidades del sector público sujetos al régimen laboral del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral.

¿Mis fondos pueden verse afectados si tengo una deuda por alimentos?

En una situación ideal, luego de hecha la solicitud de desembolso, la entidad financiera deberá efectuar la transferencia requerida a las cuentas indicadas por el trabajador en un plazo que no podrá superar los dos días hábiles.

No obstante, en caso de que el trabajador tenga una deuda por alimentos, el dinero podría ser embargado en un monto que no supere el 50% de los fondos totales depositados.

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Caso Club de la Construcción: PJ ordenó el embargo en forma de inscripción de empresa de Nadine Heredia

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El Poder Judicial ordenó el embargo en forma de inscripción de la empresa de repostería Bakery 180 E I.R.L de Nadine Heredia, esposa del expresidente Ollanta Humala, como parte de la investigación preparatoria que se le sigue por el caso ‘Club de la Construcción’.

El juez Víctor Zúñiga Urday declaró fundada la solicitud que hizo la Procuraduría Ad Hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato, a fin de que se ejecute dicha medida cautelar sobre este emprendimiento que realiza la esposa del exmandatario desde julio del 2020.

El magistrado ordenó el embargo en forma de inscripción hasta por la suma de S/ 7,245 soles, que representa el 100 % de los derechos y acciones que le corresponde a Nadine Heredia respecto a esta empresa de repostería, por lo que dispuso que se cursen los partes correspondientes a los Registros Públicos de la Oficina Registral de la Sunarp Lima; para que se proceda con la anotación en la partida registral correspondiente.

La Procuraduría Ad Hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato, en su condición de actor civil o parte agraviada dentro de este caso, presentó una propuesta inicial para que Nadine Heredia, su esposo y los demás implicados en el caso ‘Club de la construcción’ paguen, en forma solidaria, la suma de S/ 168′ 648, 182.11 como reparación civil a favor del Estado dentro de este proceso penal.

 

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El 31 de mayo a las 10 horas será el primer Simulacro Nacional Multipeligro del año

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El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhorta a toda la población a participar en el primer Simulacro Nacional Multipeligro del año, programado para el viernes 31 de mayo a las 10:00 horas.

Bajo el lema “Súmate tú también”, este ejercicio tiene como objetivo fortalecer las capacidades de preparación de la población frente a diversos peligros de origen natural y aquellos generados por la acción humana a través de la participación activa de todas las personas en el entorno familiar, laboral, escolar, comunitario, entre otros.

Este ejercicio conmemora los 54 años del sismo ocurrido frente a las costas del departamento de Ancash, el cual ocasionó un aluvión que sepultó las ciudades de Yungay y Ranrahirca dejando una profunda huella en la historia del país y enseñando la importancia de estar preparados ante el impacto de diversos peligros.

Es fundamental comprender que este simulacro tiene características multipeligro, ya que en este se practicará la respuesta ante el impacto de diversos fenómenos como sismos, tsunamis, lluvias intensas y otros peligros asociados. En ese sentido, este ejercicio representa una oportunidad única para practicar nuestras habilidades de preparación y respuesta.

El Indeci llama a la población, organizaciones sociales, entidades públicas y privadas a sumarse al simulacro para prepararse y proteger lo más importante: su vida y la de sus seres queridos.

 

 

 

 

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