Un año, 11 congresistas mencionados en el caso mochasueldos y solo una sancionada. Es la historia de cómo se han investigado estos casos en el Congreso y cómo el fujimorismo y sus bancadas satélites resolvieron estas controversias.

Desde marzo del año pasado, hasta la fecha, ellos son los 12 parlamentarios denunciados por recortar el sueldo de sus trabajadores: Magaly Ruiz (Alianza Para el Progreso), Rosio Torres (Alianza Para el Progreso), María Acuña (Alianza Para el Progreso), Alejandro Soto (Alianza Para el Progreso), Edgar Tello (Bloque Magisterial), Heidy Juárez (Podemos Perú), José Arriola (no agrupado), Katy Ugarte (no agrupado), Marleny Portero (Acción Popular), Jorge Flores (Acción Popular), Raúl Doroteo (Acción Popular) y María Cordero Jon Tay (Acción Popular).

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La única sancionada fue María Cordero Jon Tay. El jueves 14 el Pleno aprobó suspenderla mientras duren las investigaciones en su contra en el Ministerio Público. Es un castigo parcial, pues el Congreso no alcanzó los votos para inhabilitarla de la función pública. Pero más allá del castigo, un detalle importante para conocer el cómo se ha normalizado esta conducta es la versión que brindó la exintegrante de Fuerza Popular y exenfermera de Alberto Fujimori ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC).

Antes que esta comisión apruebe el informe que terminó con sus suspensión en el Pleno, hubo una audiencia. En esa sesión la congresista reconoció que el recorte de sueldo a los trabajadores parlamentarios “se constituyó en una práctica, en una costumbre que no es correcta, pero costumbre al fin y al cabo” en el Legislativo.

Cordero Jon Tay considera que esa tendencia inició en 1995, cuando a sus colegas les facilitaron hasta seis asesores. Para la suspendida legisladora, ahí comenzó el problema. Esa explicación, sin embargo, no le bastó para salir airosa.

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Pero su sanción no es un mérito de sus colegas, pues ellos en paralelo han protegido a los otros 11 sindicados de mochar salarios.

APP, la bancada con más denunciados

El primer caso fue público el 5 de marzo del 2023 cuando Panorama reveló que la congresista Magaly Ruiz, de APP, habría operado de esa manera en su despacho. Sin embargo, el 5 de junio de ese año, la Comisión de Ética la blindó: de proponer suspenderla 120 días, aprobó amonestarla públicamente e una multa de 30 días. El caso de Ruiz llegó después a la Subcomisión para levantarle el antejuicio y la Fiscalía pueda formalizar la indagación contra ella. El informe final fue delegado a su colega del Bloque Magisterial, Elizabeth Medina, quien recomendó mandar la denuncia al archivo. Así, la acuñista terminó blindada por segunda vez el 4 de febrero último.

El 2 de abril del año pasado, otra congresista apepista fue denunciada por lo mismo: Rosío Torres. El escándalo ocasionó que el líder de su partido César Acuña anuncie que la expulsaría del partido. Pero eso jamás sucedió. Torres fue escoltada en Ética y en la SAC su caso todavía no avanza. El delegado para elaborar el informe final es Alex Paredes, del Bloque Magisterial.

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El 21 de abril la hermana de César Acuña, la congresista María Acuña fue la tercera apepista denunciada. Al mes siguiente la Fiscalía de la Nación le abrió investigación. Pero el 5 de diciembre la Comisión de Ética decidió archivar el caso. Mientras que el 16 de febrero de este año, la Subcomisión la blindó de una denuncia constitucional por concusión gracias al informe final de su colega fujimorista Juan Carlos Lizarzaburu, quien recomendó no acusarla.

El cuarto apepista señalado como presunto “mochasueldos” es el presidente del Congreso, Alejandro Soto. Debido a una denuncia periodística salió a la luz que los trabajadores de su despacho realizaban “aportes voluntarios” para promocionar a Soto en redes sociales. El 3 de octubre del año pasado Ética decidió no investigarlo por ello.

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Los profesores – congresistas

El congresista del Bloque Magisterial, Edgar Tello, afronta un mismo proceso. El 4 de setiembre del año pasado la Comisión de Ética le inició una investigación por pedir un “aporte” a una de sus trabajadoras. Tello despidió luego a esta asesora, pese a estar embarazada. Debido a ello la Sunafil multó al Congreso en noviembre con medio millón de soles. Hasta la fecha Ética no emite su informe final. Tampoco hay una denuncia constitucional contra Tello.

Su colega Katy Ugarte afronta otro proceso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El 7 de marzo la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional en su contra por el presunto delito de concusión. El viernes último la Subcomisión la admitió trámite.

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Un caso de Podemos Perú

El 10 de marzo del 2023 Hildebrandt en sus Trece reveló que cuatro trabajadores sindicaron de recorte de sueldo a la congresista de Podemos Perú, Heidy Juárez. Tres meses después la Comisión de Ética la protegió aprobando solo una amonestación pública y una multa de 30 días de salario. La congresista afronta, en tanto, una denuncia constitucional por concusión. El caso está en su etapa final. El ponente – el encargado de elaborar el informe final – es el fujimorista Arturo Alegría.

Acciopopulistas en la mira

Además de APP, la otra agrupación con más denunciados es Acción Popular.

El 10 de julio del año pasado salió a la luz que el parlamentario de AP, Jorge Flores, pedía a sus trabajadores el 10% de su salario y el 50% de los bonos que recibían. El caso también llegó a Ética. Esta comisión realizó una audiencia el 13 de noviembre pasado, pero hasta la fecha aún no presenta el informe final.

Su colega José Arriola, quien actualmente es no agrupado, fue denunciado por lo mismo cuando pertenecía a la bancada Acción Popular. En el allanamiento que hubo a su vivienda y oficina por el caso «Los Niños» la Fiscalía encontró una declaración jurada de donación voluntaria suscrita por uno de sus trabajadores técnicos. El documento da cuenta que su asesor le entregó S/ 1.323 de su sueldo. La justificación de Arriola fue que sus colaboradores realizan estos aportes para comprar abarrotes y productos que luego son donados en los asentamientos humanos de Ate, en Lima.

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Recién el 2 de octubre pasado la Comisión de Ética aprobó iniciar indagación contra Arriola. Hasta el momento, no obstante, no hay dictamen.

El onceavo caso también es de las filas acciopopulistas. Esta semana fue destapada una denuncia contra el congresista Raúl Doroteo por recortar el sueldo de su asesora técnica. Esta controversia recién está en la mira de Ética.

El 7 de mayo del año pasado Cuarto Poder reportó que la congresista Marleny Portero había solicitado aportes a sus trabajadores para financiar la compra de sillas de ruedas en su campaña “Ruta de la Solidaridad”. Ética igual resolvió el el 4 de diciembre declarar infundado el caso. La procurador Javier Pacheco no la incluye en el grupo de legisladores que están investigados por presunto recorte de sueldo.

Se han normalizado estas denuncias en el Congreso, donde el juicio y control político se utiliza de manera selectiva. Cuando se trata de inhabilitar a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), como Inés Tello y Aldo Vásquez, el fujimorismo y sus aliados son drásticos. Pero cuando se discuten sanciones contra legisladores implicados en concusión, la impunidad se impone. La excepción fue con María Cordero Jon Tay, pero porque Fuerza Popular le puso una cruz.

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El papel de la Comisión de Ètica y la Subcomisión

El presidente de la Comisión de Ética es el congresista de Avanza País, Diego Bazán. Durante su gestión solo una de sus colegas fue sancionada por recorte de sueldo: María Cordero Jon Tay. En diciembre, producto de un informe de esta comisión, el Pleno aprobó suspenderla 120 días. El jueves el Pleno aprobó suspenderla otra vez, mientras duren las investigaciones en la Fiscalía. Con los otros 11 congresistas, primó la impunidad en la comisión de Bazán.

El otro fuero donde han sido investigados los congresistas en el caso mochasueldos es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside Lady Camones, de Alianza Para el Progreso (APP). El problema es cuando esta comisión designa a los delegados – responsables de elaborar el informe final -, los expedientes llegan a manos de parlamentarios que recomiendan archivar la acusación asumiendo que no existen pruebas suficientes. Eso entorpece la labor de la Fiscalía.

Congresista Portero rechaza estar involucrada en este tipo de casos

Este domingo, mediante un comunicado, la parlamentaria de Acción Popular respondió que el Procurador General del Estado aseguró que se tratan de 11 los congresistas sindicados por esta situación y no 12. «Evidentemente, mi persona no está incluida en dicho grupo. Prueba de ello es que ni el Ministerio Público ni la Procuraduría del Estado han realizado diligencia alguna sobre mi despacho o el Congreso de la República, como ocurrió con otros casos», sostuvo.

«De la misma manera, es necesario precisar que la denuncia en mi contra nunca se trató de un recorte de sueldos. Como se recuerda, un acto de solidaridad de una colaboradora del servicio parlamentario para con una persona con discapacidad fue manipulado infamemente para perjudicarme políticamente. Sin embargo, esta situación fue declarada infundada tras las investigaciones realizadas por la Comisión de Ética Parlamentaria», añadió.

Comunicado de la congresista publicado en sus redes sociales

Rectificación tras carta notarial de la congresista Katy Ugarte

Señor Director del diario La República

En dicho informe periodístico, usted ha permitido que sin ningún tipo de control se realicen diversas afirmaciones, ajenas a la realidad y con hechos falsos, que pretenden involucrar a mi persona en un supuesto despido de una «trabajadora que se negó a que le recorten el sueldo», comentarios que niego y rechazo rotundamente.

Es preciso señalar, que, en las declaraciones en la Comisión de Ética, la trabajadora aludida, nunca ha manifestado que su despido fue porque se negó a su recorte de sueldo, lo cual, nunca sucedió ni con ella, ni con ningún trabajador, sino que la misma trabajadora, ha reconocido, que se le despidió por incumplir sus funciones. Por tanto, su medio de comunicación está emitiendo una información falsa que debe ser rectificada tanto en su versión digital, como en su versión impresa, y en la misma cantidad y calidad de lo falsamente argumentado.